La reciente noticia sobre las 234 personas (y subiendo) que buscan patrocinios para ser candidatos presidenciales en Chile ha encendido las alarmas respecto a la seriedad con que la sociedad civil aborda la conducción del país. Este fenómeno no es aislado; en las elecciones de 2021, alrededor de 30 a 35 postulantes intentaron recabar apoyos a través de la plataforma del Servicio Electoral (Servel), y solo dos lograron superar las 30 mil firmas requeridas. La tendencia al alza es evidente y preocupante.
Si bien la participación ciudadana es esencial para una democracia saludable, la proliferación de precandidaturas independientes sugiere una falta de comprensión sobre la complejidad y responsabilidad que implica dirigir una nación. Gobernar no es una tarea que deba tomarse a la ligera ni una aventura personal o un emprendimiento familiar; requiere preparación, experiencia y un compromiso genuino con el bienestar colectivo.
La facilidad con la que se pueden inscribir candidaturas independientes en Chile contribuye a esta situación. Actualmente, se requiere el patrocinio de un número no inferior al 0,5% de los que hubieren sufragado en la anterior elección de diputados, lo que equivale a 35.361 firmas. Este umbral es bajo en comparación con otros países, lo que facilita la inscripción de múltiples candidaturas sin una base sólida, Como Francia que requiere 500 firmas de funcionarios públicos electos, o México que requiere el 1% del padrón electoral.
Para contextualizar, en las elecciones presidenciales anteriores, el número de precandidatos independientes fue significativamente menor. Por ejemplo, en 2021, solo un puñado de independientes lograron reunir las firmas necesarias para postularse. Hoy, nos enfrentamos a una cifra que bordea los 234, lo que sugiere una banalización del proceso electoral y una percepción errónea de que cualquier ciudadano, sin la preparación adecuada, puede dirigir una nación.
Además, la actitud del actual presidente, expresada el 1 de mayo de 2022 en una entrevista con La Tercera, cuando afirmó: “La idea de habitar una institución, habitar un cargo que es más grande que uno mismo”, revela una preocupante falta de comprensión sobre la naturaleza de la función pública. Históricamente, los cargos de liderazgo no se habitan, sino que se ocupan, desempeñan y ejercen con responsabilidad y compromiso.
Estimados lectores, entender un cargo público como un simple espacio a habitar en lugar de una responsabilidad a ejercer contribuye a la percepción de que el liderazgo político es meramente simbólico, exento de gestión efectiva, toma de decisiones y rendición de cuentas. Bajo esta lógica, no se requiere preparación, liderazgo ni capacidad de negociación; basta con ser una figura decorativa, presente en inauguraciones de plazas y canchas de fútbol.
Esta laxitud en el lenguaje no es un mero desliz retórico, sino el reflejo de una actitud que trivializa el ejercicio del poder y transmite un mensaje equivocado a la ciudadanía sobre la seriedad y el compromiso que deben regir la función pública.
Gobernar un país requiere más que buenas intenciones; demanda conocimientos profundos en administración pública, economía, relaciones internacionales y una comprensión cabal de las necesidades y aspiraciones de la ciudadanía. La proliferación de precandidaturas independientes podría interpretarse como un síntoma de descontento hacia los partidos tradicionales, pero también refleja una falta de comprensión sobre la complejidad de la función presidencial.
Estimados lectores, convengamos que la clase política chilena, con sus intransigencias, privilegios y falta de disposición para negociar, no ha estado a la altura de lo que el país necesita. En lugar de elevar el nivel del debate y de la conducción del país a través de acuerdos sólidos y bien fundamentados, han caído en una dinámica de enfrentamiento estéril y de una obcecación legislativa que poco y nada aporta al bienestar ciudadano.
Para muestra un botón: actualmente, más de 140 proyectos de ley han sido ingresados con suma urgencia, lo que significa que deben ser despachados en 15 días como máximo. Sin embargo, este abuso de la herramienta legislativa no responde a un criterio real de necesidad, sino a una estrategia política que distorsiona la función del Congreso. En 2023, por ejemplo, el gobierno ingresó más de 500 proyectos con urgencia legislativa, de los cuales una gran parte quedó empantanada sin avances concretos. Si todo es urgente, entonces nada es urgente. La saturación del Congreso con proyectos de trámite acelerado impide que haya un debate legislativo serio y estructurado, afectando la calidad de las leyes aprobadas y profundizando la crisis de gobernabilidad.
El problema no es solo de cantidad, sino también de prioridades. Mientras se insiste en proyectos que responden a una agenda política coyuntural, otros temas de fondo, como la seguridad pública, la crisis económica y las deficiencias en salud y educación, siguen sin resolverse con la celeridad que la ciudadanía demanda. Chile necesita una política que privilegie el acuerdo sobre la confrontación, la eficacia sobre el simbolismo y la gestión responsable sobre la improvisación legislativa.
Es esencial que la ciudadanía esté informada sobre las etapas del proceso electoral. Las elecciones primarias están programadas para el 29 de junio de 2025, mientras que la campaña presidencial oficial comenzará el 17 de septiembre del mismo año. La primera vuelta de las elecciones se llevará a cabo el 16 de noviembre, y en caso de ser necesaria una segunda vuelta, esta se realizará el 14 de diciembre de 2025.
Es imperativo reflexionar sobre cómo hemos llegado a este punto, donde la política parece haberse degradado al nivel de una competencia abierta sin filtros ni exigencias mínimas. La conducción de un país no es una tarea para aficionados ni para quienes buscan protagonismo sin una propuesta clara y viable. Es responsabilidad de todos elevar el nivel del debate político y exigir que quienes aspiren a liderar lo hagan con la preparación y seriedad que el país merece.
Estimados lectores, cerraré esta columna citando al expresidente George W. Bush: «Usa el poder para ayudar a la gente. Porque se nos ha dado el poder, no para promover nuestros propios fines, ni para dar un gran espectáculo al mundo, ni para ganarnos un nombre. Solo hay un uso justo del poder, y es para servir a la gente.»
Ser presidente, o cualquier autoridad política, no es un privilegio para beneficio personal, ni un trampolín para lujos o reconocimiento. Es un compromiso con el servicio público, con la construcción de un país más justo y con la generación de oportunidades para quienes más las necesitan. Esa, en su esencia más pura, debería ser la política…
Pero entonces, estimado lector, si tuviera la oportunidad, ¿qué tipo de político elegiría ser usted?
