La Trampa del Relato: Cuando el Gobierno Confunde Anuncios con Realidad | Rodrigo Longa T.

La reciente Cuenta Pública del presidente Gabriel Boric, pronunciada el 1 de junio de 2025, estuvo cargada de cifras, anuncios y balances, pero dejó abiertas profundas interrogantes sobre el rumbo del país. Si bien el mandatario dedicó un espacio considerable a temas de probidad y vivienda, el tono general fue más declarativo que autocrítico, dejando la sensación de que, pese a los esfuerzos, el gobierno no termina de hacerse cargo de los desafíos estructurales que enfrenta.

En materia de vivienda debemos dividir entre los números y la realidad, el Plan de Emergencia Habitacional es uno de los estandartes del gobierno. Boric reiteró su meta ambiciosa de construir 260.000 viviendas sociales durante su mandato, algo que, sobre el papel, suena impresionante. Según los datos oficiales, hasta ahora se han entregado 122.000 viviendas, hay 120.000 en construcción y otras 100.000 proyectadas para la siguiente administración.

Sin embargo, estos números esconden matices importantes. Por un lado, aún restan 17.000 viviendas ya terminadas pero no entregadas por problemas de instalación eléctrica y coordinación municipal, lo que afecta directamente a miles de familias que esperan su hogar con urgencia. Por otro lado, al comparar estas cifras con periodos anteriores, observamos que entre 2018 y 2021 (gobierno de Sebastián Piñera) se entregaron aproximadamente 210.000 soluciones habitacionales, según cifras del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, lo que plantea la pregunta: ¿realmente estamos avanzando a un ritmo extraordinario, o estamos apenas alcanzando el promedio histórico?

Además, organizaciones de pobladores como la Federación Nacional de Pobladores (Fenapo) han denunciado que la priorización de proyectos inmobiliarios a gran escala ha desplazado soluciones más rápidas y locales, como la autoconstrucción asistida y los loteos con servicios, generando una brecha que no se refleja en los discursos oficiales.

Frente a la corrupción y probidad el discurso fue sin mea culpa, uno de los pasajes más esperados del discurso fue el dedicado a la agenda de probidad. El presidente Boric mencionó los múltiples casos de irregularidades que han golpeado a su administración —el escándalo de las licencias médicas irregulares, el Caso Convenios y las millonarias transferencias a la Fundación ProCultura, la polémica por la compra de la casa de Salvador Allende, y las denuncias contra el exsubsecretario Monsalve— pero lo hizo sin autocrítica. No hubo reconocimiento explícito de responsabilidad política ni del debilitamiento de los controles internos durante su gestión.

Esto es particularmente preocupante si consideramos que, mientras el gobierno llama a una “nueva ética pública”, mantiene en su órbita a figuras involucradas o cercanas a estos escándalos por largos periodos antes de reaccionar. El caso de Miguel Crispi, exjefe de asesores, es ejemplar: pese a estar directamente vinculado al Caso ProCultura, recién en marzo pasado renunció, después de meses de cuestionamientos.

Por otro lado, Boric anunció medidas como la creación de un Servicio de Auditoría Interna del Gobierno, mejoras en la regulación del lobby y un proyecto de integridad municipal. Sin embargo, estos anuncios llegan cuando el capital político para impulsar reformas de este calibre está erosionado, y cuando la ciudadanía exige menos “papel” y más hechos concretos. Según la última encuesta Cadem (mayo 2025), solo 28% de los chilenos aprueba la gestión del gobierno, con la corrupción destacándose como una de las principales preocupaciones ciudadanas, después de la seguridad y la inflación.

Destaca aquí lo que muchos llaman “el elefante en la sala”: es legítimo preguntarse si el tamaño actual del Estado es sostenible y, sobre todo, si su gestión está a la altura de las demandas ciudadanas. En otro momento del discurso, Boric defendió que el mal uso de licencias médicas no debe alimentar argumentos para reducir el tamaño del Estado. Vale recordar que bajo su mandato se han contratado más de 100.000 nuevos empleados públicos, llevando el total a cerca de 900.000 funcionarios. La defensa del aparato estatal es legítima, pero ¿con qué criterios de eficiencia y control se están haciendo estas contrataciones? ¿Estamos mejorando realmente los servicios a la ciudadanía o simplemente expandiendo una burocracia que no siempre responde a estándares de calidad y probidad?

Estimados lectores, miremos más allá del discurso y confrontemos las palabras con los hechos. La Cuenta Pública 2025 nos deja una fotografía incompleta: logros parciales que no logran ocultar los desafíos estructurales aún pendientes. La política habitacional muestra avances, sí, pero no a un ritmo capaz de revolucionar el acceso a la vivienda ni de reducir significativamente el déficit histórico. La probidad se invoca en los discursos, pero sin la dosis mínima de autocrítica que la haga creíble ante una ciudadanía que ya no se conforma con frases bonitas. Y el tamaño del Estado se defiende, pero sin abordar las evidentes fallas de control interno que lo exponen a abusos, ineficiencias y corrupción.

Más allá de cada anuncio, lo que hoy realmente urge es una reforma profunda al modelo de gobierno: necesitamos dotar al Estado de herramientas reales para asegurar gobernabilidad, fomentar diálogos y acuerdos amplios, y evitar los peligrosos emprendimientos personales disfrazados de proyectos colectivos. Sin esa capacidad de modernización institucional, seguiremos atrapados en un ciclo de promesas que no se transforman en soluciones tangibles para la gente común.

El presidente Boric está entrando en el último tramo de su gobierno, con una ciudadanía cada vez más escéptica. Si no logra traducir los anuncios en transformaciones reales, corre el riesgo de quedar atrapado en la misma trampa que ha consumido a muchos gobiernos anteriores: confundir el relato con la gestión.

Chile no necesita solo discursos sobre integridad ni metas habitacionales ambiciosas: necesita resultados concretos, hechos verificables y, sobre todo, gobernantes que asuman responsabilidades sin escudarse en comparaciones políticas.

Quiero cerrar esta columna citando al político, militar y emperador francés Napoleón Bonaparte, quien dijo:

“Nada va bien en un sistema político en el que las palabras contradicen a los hechos.”

Cuando las palabras no reflejan los resultados, y cuando además se carece de autocrítica, es evidente que, tras cuatro años de gobierno, no se ha aprendido lo esencial. Si hoy la máxima prioridad del Ejecutivo es impulsar una ley de aborto libre, mientras quedan relegadas reformas estructurales clave —como la modernización del sistema político para asegurar gobernabilidad, o políticas efectivas de seguridad para responder al clamor ciudadano—, entonces estamos perdiendo el rumbo. Falta terreno, falta calle, y, lo más grave, como políticos nos estamos desconectando peligrosamente de la realidad que vive la gente común.