Uso de redes institucionales con fines proselitistas, ausencia total de auditorías internas, desorden financiero y manejo cuestionado de viáticos emergen como parte de un preocupante patrón de gestión documentado entre enero y septiembre de 2024.
RODRIGO LONGA T.
El reciente Informe Final N°953/2024, emitido por la Contraloría Regional de Tarapacá, reveló una serie de irregularidades estructurales que afectan de manera directa la gestión del actual Gobernador Regional de Tarapacá, José Miguel Carvajal, quien además fue candidato a la reelección en las elecciones regionales de octubre de 2024.
El informe —de carácter público y firmado por la Contralora Regional Paula Vera Robles— establece serias infracciones al principio de probidad administrativa, fallas en los controles internos del Gobierno Regional, y utilización indebida de recursos públicos en el contexto de la campaña electoral. A raíz de estos hallazgos, el órgano contralor anunció la apertura de un sumario administrativo para determinar responsabilidades.
Uso electoral de redes sociales institucionales: un límite cruzado
Una de las observaciones más delicadas del informe se relaciona con el uso de las redes sociales oficiales del GORE y del Consejo Regional (CORE) para promover directa o indirectamente la figura del Gobernador Carvajal, vulnerando expresamente el dictamen N° E471612 de la propia Contraloría General, que prohíbe el uso de bienes públicos para fines proselitistas.
Según el informe, las cuentas institucionales de Instagram y X (ex Twitter) del GORE (@goretarapaca) y del CORE (@coretarapaca) difundieron contenido que:
- Mencionaba reiteradamente al Gobernador por su nombre y etiqueta personal.
- Enlazaba a sus cuentas personales, como @josemiguelcarvajal.
- Reposteaba publicaciones de campaña desde su perfil personal.
- Mostraba al Gobernador entregando mensajes electorales desde la oficina del GORE, incluso usando el lema “¡Vota O-3!”.
Esta acción, documentada con capturas y registros audiovisuales en los anexos del informe, fue calificada por Contraloría como un uso ilegítimo de bienes públicos para reforzar una campaña política personal, y por tanto se instruyó un sumario administrativo contra quienes resulten responsables.
Una administración sin auditorías ni control interno
El informe va más allá del periodo electoral y revela un problema estructural: la Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Regional no realizó ninguna auditoría durante los años 2023 y 2024. Solo se constataron revisiones vinculadas a transparencia activa.
Esta omisión, según el órgano fiscalizador, privó a la institución de herramientas básicas para detectar, prevenir o corregir irregularidades administrativas, especialmente en un periodo crítico como lo fue el año electoral. Se trató, en palabras del informe, de una ausencia total de fiscalización interna que vulnera los principios de control de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado.
A esto se suma la falta de manuales de procedimiento, situación insólita en una entidad pública de este nivel. No existen protocolos formalizados para el pago de viáticos, conciliaciones bancarias, uso de vehículos fiscales, ni contratación de personal.
Viáticos sin control y reembolsos con Google Maps
Otro de los puntos más llamativos fue la falta de control sobre los viáticos y reembolsos de combustible a los Consejeros Regionales (CORES). Según el informe, el cálculo de los reembolsos no se basó en el manual vigente (del año 2013), sino en estimaciones obtenidas desde Google Maps.
Por ejemplo, un reembolso entre las comunas de Iquique y Pozo Almonte fue calculado considerando 108 kilómetros ida y vuelta, pese a que el manual oficial establece 104. Aunque el margen puede parecer mínimo, extrapolado a cientos de traslados y considerando que se trata de fondos públicos, el problema se vuelve material y reiterado.
Además, el manual vigente no contempla distancias actualizadas ni comunas de residencia efectivas de los CORES, lo que genera pagos que podrían superar lo permitido por la normativa.
Desorden contable, cuentas abiertas y giradores fantasmas
El diagnóstico de la Contraloría también incluye severas deficiencias en la gestión contable y financiera del GORE:
- Conciliaciones bancarias hechas en Excel, sin respaldo ni automatización.
- Diferencias de hasta $75 millones sin explicación entre saldos contables y bancarios.
- Exfuncionarios aún con autorización para girar cheques.
- Cuentas corrientes sin uso, no cerradas desde 2021, pese a instrucciones previas del propio ente contralor.
Estas situaciones no solo exponen al Gobierno Regional al riesgo de fraude o uso indebido de fondos públicos, sino que contradicen normas básicas del control financiero exigido por el Estado.
Contrataciones mal imputadas: ¿error o mala práctica?
El informe detectó que se contrataron a honorarios a al menos dos profesionales para trabajar en la Unidad de Auditoría Interna, pero sus pagos fueron imputados al subtítulo 22 (Bienes y Servicios de Consumo), cuando debieron haberse registrado en el subtítulo 21 (Gastos en Personal).
La Contraloría fue enfática en calificar este hecho como un gasto improcedente y una infracción directa al Decreto N° 854 del Ministerio de Hacienda. Aunque el monto involucrado asciende a poco más de $7,7 millones, el problema es de fondo: la práctica distorsiona la ejecución presupuestaria y puede ocultar otras irregularidades mayores.
¿Crisis de gestión o patrón de conducta?
Lo preocupante del informe no es solo la cantidad de observaciones, sino su transversalidad. El GORE Tarapacá muestra signos de falta de planificación, ausencia de controles internos, debilidad institucional y uso político de recursos públicos.
Pese a los descargos enviados por la administración regional —los cuales reconocen varias de las observaciones y prometen futuras mejoras— la Contraloría decidió mantener gran parte de las objeciones, instruyó un sumario administrativo, y exigió que en un plazo de 60 días se presenten evidencias de las medidas correctivas.
¿Qué dicen los CORES del periodo anterior?
La exconsejera regional Solange Jiménez (PSC) no se mostró sorprendida ante las irregularidades detectadas por la Contraloría:
“A mí no me sorprende que exista este desorden con los recursos públicos. Ya en 2023 citamos a Cristofer Espinoza, quien nos explicó que la DIPRES no autorizaba la auditoría. Sin embargo, el pleno del Consejo Regional aprobó por unanimidad la realización de una auditoría externa ese mismo año. No se ejecutó ni en 2023, ni en 2024, y ya entrado el 2025, simplemente nunca se hizo. Es una negligencia inaceptable.”
¿Qué dice el Gobernador Carvajal?
Hasta el cierre de esta nota, José Miguel Carvajal no se ha referido públicamente a los hallazgos del informe. Se espera una respuesta formal del Gobierno Regional que permita clarificar los hechos, asumir responsabilidades y detallar qué medidas concretas se adoptarán.
Transparencia bajo escrutinio
En una región históricamente golpeada por el centralismo y la desconfianza en las instituciones, la ciudadanía exige una gestión transparente, técnica y honesta. El informe de Contraloría no solo pone bajo la lupa a una administración específica, sino que abre una reflexión más amplia sobre la urgencia de fortalecer los controles, la ética pública y la rendición de cuentas en los gobiernos regionales del país.
INFORME FINAL N°953-2024 EN EL GOBIERNO REGIONAL D_250604_175952 by elsoldeiquique
