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09

Jun

Alto Hospicio: denuncian $100 millones en horas extras en salud y funcionarios con hasta 240 horas en un mes

Funcionarios con hasta 200 horas extras en un solo mes, pagos millonarios en días no hábiles y graves incumplimientos legales en la dotación de personal sacuden al Departamento de Salud de Alto Hospicio. La denuncia fue presentada ante Contraloría por el concejal Gabriel Orellana, quien exige una auditoría externa para esclarecer el uso de casi $100 millones en horas extraordinarias durante diciembre de 2024. La crisis abre un nuevo flanco en la gestión municipal y pone en entredicho la transparencia en el manejo de recursos públicos en el área de salud.

RODRIGO LONGA T.

Una preocupante situación quedó al descubierto en el Departamento de Salud de la Municipalidad de Alto Hospicio, donde se detectó el pago de casi 100 millones de pesos en horas extraordinarias durante diciembre de 2024, generando serias dudas sobre la legalidad, transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos. Los antecedentes, recopilados desde informes internos y la denuncia formal del concejal Gabriel Orellana Aros, configuran un posible caso de malversación o abuso del sistema de remuneraciones, que deberá ser investigado por la Contraloría Regional.

Funcionarios con hasta 200 horas extras en un mes: cifras que no resisten análisis

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Según el Memorándum N°0236-2025 de la Dirección de Control, emitido en febrero, se identificaron al menos 23 funcionarios que registraron entre 100 y 182 horas extras, la mayoría de ellas al 50% (días no hábiles), solo durante el mes de diciembre. En recintos como el CESFAM Pedro Pulgar, SAPU El Boro y el SAR La Tortuga, aparecen casos donde trabajadores –en su mayoría serenos, conductores, TENS y administrativos– registran hasta 200 horas extra, es decir, más de seis horas adicionales diarias durante todo el mes, incluyendo fines de semana y feriados.

Ejemplos como el de Y S A (TENS administrativo), quien declaró 200 horas al 50%, o A M A (Sereno), con 100 horas al 50%, se repiten en diversas unidades del sistema de atención primaria. Estas cifras resultan absolutamente desproporcionadas, incluso considerando la alta demanda del sistema de salud, y ponen en entredicho su cumplimiento real.

Una estructura distorsionada y contraria a la ley

El mismo memorándum advierte otra irregularidad estructural: la dotación del personal del área de salud no cumple con la proporción legal establecida por la Ley 19.378, que exige que al menos el 80% de los trabajadores sean de planta y solo un 20% a contrata. En Alto Hospicio esta relación está invertida, lo que favorece precisamente al personal a contrata que concentra el mayor volumen de horas extraordinarias pagadas. Esta distorsión abre un flanco mayor, ya que podría constituir un incumplimiento sistemático del Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipalizada.

Costos millonarios y escasa fiscalización

El desglose de los pagos de diciembre de 2024 revela que solo en el CESFAM Pedro Pulgar se pagaron más de $30 millones en horas extras, mientras que el SAR La Tortuga y el SAPU Héctor Reyno superan también los $11 millones cada uno. En total, se desembolsaron $99.804.596, una cifra que debería llamar la atención de cualquier administración responsable, considerando las carencias existentes en otras áreas críticas del sistema.

La falta de mecanismos internos eficaces para controlar y validar estas horas, sumado a la aprobación mediante decretos alcaldicios sin verificación del cumplimiento efectivo de los turnos, plantea serias dudas sobre el rol de supervisión del municipio y el cumplimiento del principio de legalidad en la ejecución del gasto público.

Concejo Municipal: Concejal Gabriel Orellana

Frente a esta situación, el concejal Gabriel Orellana Aros decidió presentar una denuncia formal ante la Contraloría Regional de Tarapacá. En el Oficio N°02/2025, fechado el 9 de junio, solicita una auditoría externa específica al Departamento de Salud Municipal, argumentando que hay funcionarios que “habrían registrado hasta 240 horas extraordinarias mensuales, lo que genera dudas fundadas respecto de la efectiva ejecución, justificación y legalidad de dichos pagos”.

Al ser consultado por este medio, Orellana señaló:

«Lo que estamos viendo en el Departamento de Salud de Alto Hospicio es extremadamente grave. Hay funcionarios que han registrado hasta 200 horas extras en un solo mes, muchas de ellas en días no hábiles, lo que claramente pone en duda la veracidad de esos registros y el uso correcto de los recursos municipales. Esto no solo atenta contra la probidad administrativa, sino que también afecta directamente a la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. Por eso, he tomado la decisión de presentar una denuncia formal ante la Contraloría Regional para que se realice una auditoría externa y se investiguen a fondo estas posibles irregularidades. No vamos a permitir que se juegue con los recursos públicos ni con la dignidad del servicio de salud en nuestra comuna”.

Municipio guarda silencio ante denuncia por horas extras

Hasta el cierre de esta edición, desde la Municipalidad de Alto Hospicio declinaron referirse al tema, evitando entregar declaraciones o aclaraciones respecto a los millonarios pagos por horas extraordinarias en el área de salud. El silencio de la administración comunal aumenta las dudas y presiones por parte de la comunidad y las autoridades fiscalizadoras.

Llamado a la transparencia y rendición de cuentas

En un contexto donde la ciudadanía exige mayor transparencia y eficacia en el uso de los recursos públicos, este caso debería activar todas las alertas dentro del municipio y del sistema de control del Estado. No se trata solo de corregir los montos pagados en exceso, sino de revisar a fondo las prácticas administrativas, los sistemas de control de asistencia, los mecanismos de fiscalización y las condiciones laborales del personal de salud.

La salud de una comuna no puede sostenerse sobre la base del abuso del sistema de horas extras, ni mucho menos a costa de la confianza pública. Se necesita una respuesta contundente, no solo desde la Contraloría, sino también desde la administración municipal, que deberá asumir su responsabilidad política y administrativa frente a estos hechos.

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