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18

Jun

Fiscalía de Iquique obtiene prisión preventiva para imputados por trata y explotación laboral de adolescente de 14 años

La obligaban a realizar trabajos forzosos por más de 14 horas diarias y la mantenían desescolarizada

Tras una investigación dirigida por la Fiscalía de Iquique, junto al OS9 de Carabineros, la fiscal Camila Albarracín obtuvo este miércoles la prisión preventiva de dos imputados que obligaron a una adolescente a realizar trabajos forzosos por más de 14 horas diarias en el Terminal Agropecuario de Iquique, manteniéndola desescolarizada.

En la audiencia de formalización, la fiscal informó que, durante el primer trimestre del año 2025, el imputado J.C.C. y la imputada N.L.Q., ambos de nacionalidad boliviana, acogieron a la víctima cuando tenía 13 años, luego de que esta habría ingresado de manera irregular al país. Desde que comenzó a residir en el domicilio de los imputados, la adolescente fue obligada a trabajar en un local de frutas y verduras del terminal, propiedad de ambos.

La víctima era sometida a jornadas laborales que superaban las 14 horas diarias, iniciando sus labores entre las 4:00 y 5:00 de la mañana y extendiéndose hasta pasadas las 20:00 horas. Durante ese tiempo debía realizar tareas de limpieza, carga de cajas y carros, así como atención de ventas, lo que le impidió asistir al colegio. En algunas ocasiones, incluso, fue obligada a pernoctar en el local comercial, situación que fue observada por locatarios y trabajadores de establecimientos aledaños.

La investigación, iniciada tras una denuncia anónima, permitió a la Fiscalía instruir diligencias al OS9 de Carabineros, quienes verificaron los hechos y establecieron que la víctima habría intentado escapar en al menos una ocasión. Con estos antecedentes, se solicitaron las respectivas órdenes de detención, que se materializaron el martes en el mismo local.

Tras la exposición de los hechos, la fiscal Albarracín solicitó la medida cautelar de prisión preventiva para ambos imputados, petición que fue acogida por el tribunal por considerar que su libertad representa un peligro para la seguridad de la víctima y la sociedad. Se fijó un plazo de investigación de 90 días.

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