Un operativo encabezado por la Fiscalía Regional de Tarapacá y el OS7 de Carabineros dejó al descubierto una presunta red de tráfico de drogas que involucraría a seis suboficiales en servicio activo del Ejército de Chile, pertenecientes a la Segunda Brigada Acorazada “Cazadores”, con base en Pozo Almonte.
Los funcionarios castrenses fueron detenidos en medio de una investigación que incluyó seguimientos, interceptaciones y allanamientos, tras una denuncia interna realizada por la misma institución militar, según informaron fuentes del caso. En total, se incautaron 192 kilos de droga, entre cocaína y pasta base, junto a tres vehículos utilizados en la operación, con un avalúo superior a los $3 mil millones de pesos.
Tras conocerse los hechos, el Ejército emitió un comunicado confirmando la baja inmediata de los involucrados, señalando que se trata de “una falta gravísima a los valores y principios que rigen la institución”, y reafirmando su compromiso con la transparencia y colaboración con la justicia.
Entre los acusados también figura un civil, y las pesquisas apuntan a que se trataba de una estructura organizada, con roles definidos para el transporte y logística del cargamento ilegal, el que pretendía ser trasladado desde el norte del país hacia la zona central, con destino final en Santiago.
La audiencia de formalización quedó agendada para el jueves 26 de junio, donde el Ministerio Público presentará los cargos formales y se solicitarán medidas cautelares. En tanto, el Ministro Seguridad Pública, Luis Cordero, calificó el caso como “grave y doloroso”, pero destacó que se trata de una señal de que las instituciones están funcionando: “El Ejército actuó a tiempo, activando protocolos internos y colaborando con la justicia”.
Este episodio reabre el debate sobre los mecanismos de control y fiscalización en las filas castrenses, así como la necesidad de reforzar los filtros de ingreso y permanencia en las fuerzas armadas ante el riesgo de infiltración del crimen organizado.
