Cientista Político y Administrador Público
Universidad Tecnológica Latinoamericana
El caso de Javier Etcheberry, director del Servicio de Impuestos Internos (SII), quien reconoció adeudar nueve años de contribuciones por su vivienda en Paine, uno de los máximos responsables de fiscalizar impagos y evasión tributaria en Chile, es un golpe a la coherencia y credibilidad institucional. No se trata de un error menor: una casa de 213 m², más anexos y piscina, fue pagada con contribuciones de apenas $225.000 al año, cuando debían ser cerca de $638.000; una omisión prolongada que solo concluyó con el escándalo mediático
La indignación ciudadana es comprensible. No se puede exigir disciplina a la ciudadanía, cuando los encargados del control y la cobranza no dan el ejemplo. El ministro Marcel y el presidente Boric actuaron tarde: solo después de un reportaje de TVN y la presión parlamentaria, solicitaron la renuncia de Etcheberry.
La incoherencia ética en el oficialismo quedó nuevamente al desnudo. Mientras la ministra Camila Vallejo justificaba con severidad la salida del director del SII, Javier Etcheberry, afirmando «Lo más correcto era tomar esta decisión y solicitarle que diera un paso al costado» por no pagar contribuciones durante nueve años, mientras su propia coalición arrastra una deuda similar, o incluso más grave dirán algunos.
El Partido Comunista, colectividad que impulsa la candidatura presidencial de Jeannette Jara, acumula más de $20 millones impagos en contribuciones por el inmueble donde opera su comando. Lejos de asumir responsabilidades, Jara se desentendió del tema asegurando que « Yo no tenía idea y me enteré efectivamente por la noticia que salió» y que las críticas debían dirigirse al administrador legal. Esta evasión discursiva contrasta con el estándar de probidad que se exige a otros y expone una peligrosa doble vara: cuando se trata del adversario, hay cero tolerancia; cuando es de los propios, impera la amnesia selectiva.
Pero este no es un caso aislado. A nivel central no es una excepción en una tradición de conductas que bordean la impunidad. Bastan unos ejemplos para evidenciar el patrón:
Recordemos el escándalo de Isabel Allende, en 2020, Isabel Allende, destacada figura socialista, fue descubierta por el reportaje Informe Especial de TVN pagando cero pesos en contribuciones por una propiedad en Curacaví, donde existían una vivienda y piscina declaradas como “terreno agrícola”. El argumento de desconocimiento por parte de una figura tan experimentada raya en la burla a los ciudadanos, más aún cuando promulga reformas tributarias como legisladora.
No quedan atrás Ricardo Lagos padre e hijo. El ex presidente Ricardo Lagos acumuló 29 años sin pagar contribuciones por su casa de veraneo en Caleu, y su hijo, senador Lagos Weber, cerca de 16 años tampoco lo hizo, debido a obras sin recepción municipal ni regularización. Solo después del escándalo, el SII inició fiscalizaciones y procesos de normalización.
Y por supuesto otras figuras políticas, si, diversos parlamentarios —como José Miguel Durana, Fidel Espinoza y Loreto Carvajal— han mantenido deudas millonarias por contribuciones, muchas veces mientras negociaban convenios con Tesorería para regularizarse.
Hagámonos una pregunta ¿Por qué importa esta conducta?
1. La función ética del liderazgo público. Los políticos deben ser ejemplo. Que los altos cargos eludan impuestos territoriales mientras exigen disciplina fiscal es incongruente y falta a la responsabilidad moral.
2. La confianza institucional se resiente. Cuando quienes lideran las fiscalizaciones incumplen ley, ¿por qué el ciudadano común debe creer que él no tendrá privilegios como reducción retroactiva, convenios o impunidad?
3. Se agrava la desigualdad. Mientras algunos enfrentan montos crecientes y penalidades, estas figuras reciben años de tolerancia. La sensación de doble estándar es evidente.
De aquí en adelante ¿Cómo avanzar?
a) Reforma y fortalecimiento institucional. El SII y los municipios deben automatizar y transparentar los procesos de inscripción catastral, recepción de obras y cobranza. No puede depender de denuncias para actuar.
b) Establecer plazos máximos. Las leyes actuales permiten condonaciones o retroactividad. Es necesario que el avalúo y contribución sean actualizados con multas claras y aplicación inmediata, sin vacíos como los denunciados.
c) Responsabilidad pública y sanciones ejemplares. No basta pedir renuncias; debe haber seguimiento judicial o administrativo: multa justa, interés sobre la deuda, y transparencia pública del cumplimiento.
Finalmente, la salida de Javier Etcheberry era necesaria. Pero si se demora nueve años en redimirse, si la ley se aplica solo ante la prensa o la opinión pública, estamos aceptando que el sistema impone reglas solo a quienes no están en la élite. Es imposible construir confianza con dobles estándares.
El SII, su director, el partido Comunista, la exsenadora Allende, los Lagos, comparten un problema: priorizar la omisión sobre la rectificación, la excusa sobre el pago. Y en ese sistema -que tolera impagos millonarios-, la desigualdad deja de ser un concepto abstracto y se convierte en un insulto. El camino hacia una verdadera fiscalización requiere más que estructuras; exige una cultura de cumplimiento que comience por los más visibles.
Mientras eso no cambie, los ciudadanos seguirán viendo las leyes como normas flexibles para unos, rígidas para otros. Y la democracia, con su demanda de igualdad, quedará siempre a medias.
No basta con renuncias puntuales. Chile necesita una reingeniería ética y operativa para que pagar las contribuciones no sea una opción, sino una obligación universal y transparente. Fast Track a la igualdad fiscal: ese debería ser el legado verdadero del next SII.
Terminaré esta columna con una reflexión del político, abogado y 16° presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, quien afirmó: «Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que lo son«.
Esta frase invita a una reflexión crítica sobre la igualdad en la sociedad, especialmente en el contexto de quienes, siendo figuras de autoridad, gozan de privilegios que les permiten eludir sus responsabilidades, mientras la ciudadanía común enfrenta un trato diferente, más riguroso. La igualdad, en la práctica, se ve distorsionada cuando los estándares y las leyes no se aplican de manera equitativa para todos, independientemente de su estatus o posición. En este caso, el discurso de la igualdad se convierte en un ideal distante y poco alcanzable.
El Sol de Iquique no comparte necesariamente las opiniones de los invitados, panelistas, columnistas y conductores, porque en este medio todos pensamos diferente. Aunque no necesariamente.
