JCN
Cuando el reloj marcaba cerca de las 23:00 horas, y tras una prolongada espera cargada de incertidumbre, las autoridades finalmente emitieron un comunicado que confirmó lo que la comunidad temía: el estado de alerta por tsunami sigue vigente, y se pide expresamente a la población permanecer fuera de la zona de inundación hasta que se anuncie oficialmente el fin de la emergencia.
La tardanza en entregar información clara y oportuna ha sido duramente cuestionada, especialmente considerando el riesgo latente que enfrentan miles de familias en sectores costeros. Durante horas, vecinos y vecinas tuvieron que recurrir a fuentes extraoficiales y redes sociales para intentar comprender la magnitud de la amenaza, mientras los canales institucionales guardaban un silencio que se volvió insostenible.
Además, se informó la suspensión de clases en todos los establecimientos educacionales ubicados en zona de inundación, medida que, si bien necesaria, se comunicó con evidente retraso, dejando en evidencia una falta de coordinación y sensibilidad ante una emergencia de esta naturaleza.
El ministro Álvaro Elizalde justificó la demora en la entrega de información señalando que, desde la mañana, se había advertido que una vez iniciado el estado de alerta —activado a las 11:00 horas— la población debía permanecer en zonas de seguridad. Sin embargo, esta explicación ha generado cuestionamientos, ya que durante horas no se entregaron nuevos datos oficiales que permitieran a la ciudadanía dimensionar el alcance de la emergencia ni tomar decisiones informadas.
Lo ocurrido reabre el debate sobre la capacidad de respuesta del sistema de gestión de riesgos, el rol de las autoridades locales y la urgencia de contar con protocolos que privilegien el bienestar y la seguridad por sobre la burocracia.
