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25

Ago

Condena a ex oficial de la FACH por tráfico de migrantes desmiente acusaciones infundadas contra expresidenta Bachelet

El Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó a Héctor Gacitúa, ex piloto de la Fuerza Aérea de Chile (FACH), por liderar una red de tráfico de migrantes haitianos entre 2017 y 2018, poniendo fin a una investigación que revela la naturaleza criminal de estas operaciones y desmiente las acusaciones infundadas de sectores de derecha contra la expresidenta Michelle Bachelet.

RED

La investigación, iniciada en 2016 por la Policía de Investigaciones (PDI), determinó que Gacitúa, junto a colaboradores como Dubon Pierre Antoine y Djimy Dymijour, organizaba vuelos chárter desde Haití y República Dominicana hacia Chile, cobrando entre 950 y 1.000 dólares por persona. Los migrantes recibían sobres amarillos con dinero, reservas de hotel falsas y documentos para simular que eran turistas, además de instrucciones precisas para evadir controles migratorios. Se estima que esta red traficó a más de 1.000 personas, aunque el total de migrantes ingresados por mecanismos similares podría alcanzar los 14.000 entre 2013 y 2015.

ACUSACIONES

Durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018), figuras de la derecha chilena, como José Antonio Kast, Evelyn Matthei, Johannes Kaiser y Franco Parisi, acusaron a la expresidenta de orquestar una supuesta migración masiva de haitianos al país. Parisi afirmó que “Bachelet nos llenó de haitianos” de forma ilegal, mientras que Kaiser la señaló como la principal responsable. Estas acusaciones, amplificadas en redes sociales, incluyeron rumores falsos sobre un supuesto acuerdo con la ONU para recibir millones de haitianos a cambio de pagos, los cuales fueron categóricamente desmentidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la ONU.

FALLO

El fallo judicial deja en claro que el tráfico de migrantes fue una operación criminal con fines de lucro, aprovechando vulnerabilidades en el sistema migratorio, y no una política gubernamental. La justicia ha demostrado que la responsabilidad recae en redes criminales como la liderada por Gacitúa, y no en decisiones gubernamentales.

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