La comediante chilena Natalia Valdebenito enfrenta una intensa controversia tras un chiste en su rutina de stand-up sobre el accidente en la mina El Teniente, que dejó seis trabajadores fallecidos el 31 de julio de 2025. El comentario, viralizado y descontextualizado en redes sociales, desató críticas que llevaron a la cancelación de un show en Rancagua y desencadenaron una campaña de hostigamiento, incluyendo amenazas de muerte y doxxing.
Sin embargo, la acción de cuatro parlamentarios de la UDI —Gustavo Benavente, Felipe Donoso, Natalia Romero y Hotuiti Teao— ha elevado el caso a un nuevo nivel de controversia: enviaron 347 oficios a municipios y al Ministerio de las Culturas exigiendo información sobre contratos de Valdebenito con organismos públicos desde 2022.
Las diputadas del Frente Amplio, Camila Rojas y Javiera Morales, denunciaron esta acción como un “uso abusivo y desproporcionado” de recursos parlamentarios, presentando un requerimiento ante la Comisión de Ética de la Cámara. Argumentan que los oficios, destinados a fiscalizar actos de gobierno, fueron utilizados para perseguir a una ciudadana por su expresión artística, sugiriendo motivaciones políticas ligadas a la postura feminista y progresista de Valdebenito.
La comediante, tras defender inicialmente su chiste como autorreferencial, ofreció disculpas públicas a las familias de las víctimas, reconociendo el error. El caso expone la polarización en Chile, donde redes como X reflejan tanto apoyo a Valdebenito por su trayectoria como críticas duras que la acusan de insensibilidad.
La acción parlamentaria, junto al linchamiento digital, plantea serias preguntas sobre los límites de la libertad de expresión y el uso de mecanismos institucionales para atacar a figuras públicas, en un contexto donde el humor sigue siendo un terreno minado.
