Después de más de siete años de investigación, la Fiscalía decidió no seguir adelante con la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el exalcalde de Alto Hospicio, Ramón Galleguillos, y el exdirector de SECOPLAC, César Villanueva. El caso queda cerrado sin que se hayan acreditado delitos ni responsabilidades penales.
La audiencia se realizó el 11 de noviembre en el Juzgado de Garantía de Iquique, donde el Ministerio Público comunicó oficialmente su decisión de no perseverar. Tras revisar todos los antecedentes, no encontraron elementos suficientes para formular una acusación.
El abogado defensor, Juan Sampson, fue claro: “Esta resolución ratifica lo que desde un inicio sostuvimos: que no había delito alguno ni participación atribuible a mis representados”. Recordó que en octubre de 2024 la Fiscalía ya había tomado la misma decisión, pero el querellante —representado por el abogado Enzo Morales, en nombre de Hugo Gutiérrez— pidió reabrir la causa alegando diligencias pendientes. “El tribunal accedió entonces a esa petición, las diligencias se cumplieron, y aun así la Fiscalía concluyó nuevamente que no hay mérito para seguir adelante con el procedimiento”, explicó Sampson.
Desde la defensa insisten en que este cierre definitivo pone fin a un periodo de daño moral y familiar. “Durante años se expuso públicamente a personas inocentes, afectando sus hogares, sus vínculos personales y su imagen pública, sin que existieran pruebas reales que sostuvieran las acusaciones”, recalcó el abogado.
Ramón Galleguillos también se refirió al impacto personal de este proceso: “Durante este largo período, no solo mi nombre y mi trayectoria fueron vulnerados por acusaciones infundadas, sino que mi familia y yo sufrimos un daño profundo por acusaciones sin fundamentos”. Además, criticó el uso de recursos públicos en una causa que, según él, fue impulsada sin respaldo: “Este proceder generó un uso innecesario de recursos públicos, un desgaste emocional para mi familia y prolongó artificialmente esta acusación”.
Galleguillos no descartó acciones legales: “Ahora analizaremos los pasos a seguir, y no está descartada la presentación de una denuncia por injurias y calumnias contra ese abogado, quien ya fue acusado y fue condenado por un hecho similar y obligado a pedir disculpas, cargos que aún no ha cumplido”.
La defensa también advirtió que cualquier intento por reabrir el caso sería inútil. “La Fiscalía ha sido categórica: la investigación está cerrada”, afirmó Sampson.
Con esta resolución, notificada el 8 de octubre y formalizada en audiencia el 11 de noviembre, se cierra un capítulo judicial que, según la defensa, “nunca debió haberse sostenido tanto tiempo sin sustento probatorio”.
