Este domingo 14 de diciembre se decide el futuro de Chile y es muy importante entender que el corazón productivo de Chile, es decir la minería, funciona sobre pilares que están definidos hace mucho tiempo: seguridad, ciencia, estabilidad regulatoria y un Estado presente. Sin esos elementos, ninguna faena opera, ninguna compañía planifica a largo plazo, ningún trabajador vuelve sano a casa.
Hoy quiero poner sobre la mesa la experiencia que está ocurriendo actualmente al otro lado de la cordillera, en Argentina. Bajo la influencia de un proyecto político que comparte la visión económica y estatal del candidato José Kast, el país entró en un período de inestabilidad institucional, retrocesos sanitarios y descoordinación estatal que ya está afectando sectores estratégicos.
¿La causa? Simple, un gobierno que no se rige por la ciencia ni por la institucionalidad, sino que por la lógica del mercado y la improvisación ideológica.
Cuando un gobierno abandona la evidencia y adopta decisiones desde el individualismo extremo, las consecuencias golpean directamente a sectores altamente regulados como la minería, entonces, ¿qué podría suceder en Chile con el modelo que propone Kast?
Partamos por lo primero: Se debilita la seguridad laboral.
Sin un Estado técnico y robusto, la normativa de seguridad minera pierde coherencia y fiscalización. Lo que hoy garantiza vida y continuidad operacional, SERNAGEOMIN, comités paritarios, estándares modernos pasan a ser vistos como “trabas burocráticas”, tal como sucede en Argentina donde el gobierno redujo miles de cargos técnicos en organismos públicos fiscalizadores, generando la paralización de funciones críticas, retrasos en inspecciones y un debilitamiento real de los estándares de seguridad en sectores productivos completos: SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) quedó sin capacidad suficiente para realizar controles sanitarios, afectando exportaciones agroindustriales; el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) suspendió certificaciones y ensayos, frenando la manufactura y la innovación industrial; Vialidad Nacional redujo equipos de mantenimiento, deteriorando rutas claves para el transporte; y organismos ambientales perdieron capacidad de monitoreo, aumentando la incertidumbre regulatoria y el riesgo ecológico. Ese es el efecto inmediato de gobernar bajo la consigna de que la regulación es “un estorbo”. La minería, una actividad que depende de inspecciones, certificaciones técnicas y fiscalización permanente, no será la excepción.
Como segundo punto, se afecta la estabilidad que requiere la inversión.
Las grandes y medianas faenas mineras dependen de reglas claras, no de experimentos ideológicos. En Argentina, los cambios bruscos y la desinstitucionalización frenaron inversiones, paralizaron proyectos y ahuyentaron capital, porque ninguna empresa seria opera en un territorio donde el Estado pierde el control técnico. Ejemplos sobran, la justicia suspendió permisos en el área Río Los Patos/Salar del Hombre Muerto en Catamarca, afectando futuras expansiones de litio, nuevas fases de Sal de Vida y Sal de Oro, Los Azules y Gualcamayo permanecen pendientes de aprobación debido a la inestabilidad institucional; y en el proyecto energético Vaca Muerta varios desarrollos se han pausado por falta de condiciones. Estos casos muestran que cuando las reglas cambian sobre la marcha, la inversión se detiene y eso no es un escenario deseable.
Como tercer punto, se pone en peligro la salud pública de los campamentos y comunidades.
El caso argentino lo deja claro, cuando un gobierno no valida evidencias científicas, vuelven enfermedades que estaban controladas y llegan a los campamentos mineros, llegan a los turnos, llegan a los equipos, interrumpen operaciones y afectan la productividad.
Aquí también la evidencia es contundente: durante el gobierno del presidente Milei el país enfrentó el peor brote de dengue de su historia, reapareció el sarampión y hubo una caída crítica en las coberturas de vacunación infantil, todo en un contexto donde discursos anticientíficos crecieron desde el propio gobierno. En momentos de brotes, las faenas reportaron ausentismo masivo, interrupción de operaciones y mayores riesgos por la saturación del sistema de salud.
El costo lo paga la faena, la compañía, pero sobre todo, los trabajadores y sus familias.
Y un cuarto punto muy importante, es que se rompe el equilibrio entre productividad y responsabilidad territorial.
La minería chilena ha avanzado décadas en relacionamiento comunitario, desarrollo local, ordenamiento territorial y estándares socioambientales. Un gobierno que solo cree en el mercado no considera estos equilibrios. En Argentina, la pérdida de equilibrio entre productividad y responsabilidad territorial derivó en conflictos que frenaron proyectos completos: en Catamarca, las comunidades del Salar del Hombre Muerto lograron la suspensión judicial de nuevos permisos por disputas socioambientales; en La Rioja, con el litio, y en varias provincias existen conflictos por demasiada permisividad y la poca participación de las comunidades, situaciones que obligaron a paralizar expansiones o redefinir permisos. Cuando el Estado deja de sostener estándares socioambientales y procesos de diálogo, la minería pierde licencia social, se detiene y retrocede.
Trabajadoras y trabajadores mineros, la minería funciona cuando el país funciona. Y el país funciona cuando el Estado funciona.
La experiencia argentina muestra que cuando la política se desconecta de la técnica, cuando la evidencia se reemplaza por ideología y cuando la institucionalidad se entrega al mercado, los sectores estratégicos caen en incertidumbre.
Y la minería no vive de la incertidumbre, vive de la planificación, de la seguridad, del conocimiento técnico, de la estabilidad, del largo plazo.
El proyecto político que propone José Kast no fortalece esos pilares. Los debilita, porque concibe al Estado como un obstáculo, no como un socio técnico que asegura condiciones necesarias para producir.
Por todo lo anterior es que este mensaje está lejos de ser ideológico, es una reflexión desde alguien que conoce el rubro y que quiere que el sector siga produciendo beneficios para todas y todos.
Para que Chile no cometa el mismo error que Argentina y para que la minería siga siendo motor de desarrollo, empleo y estabilidad debemos defenderla este 14 de diciembre.
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