Cientista Político y Administrador Público
Universidad Tecnológica Latinoamericana
La detención de Nicolás Maduro mediante una operación militar encabezada por Estados Unidos marca un punto de inflexión que trasciende a Venezuela. No es solo el final forzado de un liderazgo dictatorial y autoritario que ha violado sistemáticamente los derechos humanos; es la confirmación de que, cuando la política internacional fracasa, el poder vuelve a expresarse en su forma más primaria: la fuerza.
Durante años, el régimen venezolano acumuló denuncias por violaciones sistemáticas a los derechos humanos: detenciones arbitrarias, torturas, persecución a opositores, manipulación electoral y represión abierta conformaron un patrón persistente. Ese deterioro no fue súbito ni accidental; fue el resultado de un proceso largo de modificaciones constitucionales que buscaban la concentración de poder, con consecuencias como la erosión institucional, la proliferación de “colectivos” —grupos armados paramilitares— y la militarización del Estado, con más de 2.000 generales en el Ejército venezolano. La comunidad internacional lo supo, lo documentó y, salvo excepciones retóricas, lo toleró, incluido el actual Gobierno de Chile y el PCCh. La pregunta incómoda es por qué la reacción llegó recién cuando el colapso ya era total e insostenible.
La operación “Resolución Absoluta”, que culminó con la captura de Maduro, instala una paradoja peligrosa, dejando hasta ahora 80 muertos, entre ellos 36 cubanos del círculo íntimo de protección del presidente. Por un lado, muchos celebran el fin de un régimen que arrastró a su país a una crisis humanitaria y migratoria sin precedentes en Sudamérica y el mundo. Por otro, el método utilizado abre un precedente inquietante: sustituir el derecho internacional, la diplomacia y los mecanismos multilaterales por la intervención directa de una potencia extranjera. Esto demuestra la debilidad de las instituciones internacionales para dar soluciones reales a las violaciones de derechos humanos, quedándose solo en palabras de buena crianza, carentes de resultados concretos. El mensaje es claro: la soberanía es condicional y la legalidad depende de quién tenga superioridad militar.
Las consecuencias humanas no pueden relativizarse. Toda operación armada en un entorno urbano implica víctimas civiles, daños colaterales y traumas colectivos. Aunque las cifras sigan siendo objeto de disputa, lo cierto es que hubo muertos venezolanos, muchos de ellos ajenos a cualquier decisión política. Ese costo erosiona cualquier pretensión de “intervención limpia” y alimenta el relato que históricamente ha nutrido al chavismo: el del enemigo externo como factor de cohesión interna.
Debemos recordar que la represión del chavismo no se ha limitado a las fronteras venezolanas. En los últimos años, la Fiscalía y el Gobierno de Chile han sostenido públicamente que el secuestro y asesinato del exteniente Ronald Ojeda (febrero de 2024, en Santiago) presenta características de crimen político y que existe evidencia relevante que apunta a un encargo vinculado a autoridades venezolanas, con ejecución atribuida a una célula del Tren de Aragua. La propia Misión de Determinación de los Hechos de la ONU consignó el caso Ojeda como parte del seguimiento a patrones de persecución, subrayando el avance investigativo chileno sobre el secuestro, tortura y homicidio ocurrido en territorio nacional.
El ataque armado es condenable, pero los mismos que hoy condenan la acción estadounidense son los que celebraron el golpe del 4 de febrero de 1992. Ese intento de golpe de Estado, encabezado por Hugo Chávez contra el gobierno constitucional de Carlos Andrés Pérez, dejó una huella mucho más profunda de lo que suele reconocerse en el relato épico posterior. La acción armada incluyó ataques a unidades militares, enfrentamientos urbanos y el uso de armas de guerra en zonas pobladas, provocando la muerte de decenas de personas, en su mayoría militares de bajo rango y civiles atrapados en el fuego cruzado.
Aunque las cifras oficiales hablaron de alrededor de 20 a 30 fallecidos, organizaciones independientes y testimonios de la época elevaron ese número a más de 400. Ese día se instaló una peligrosa idea en la política venezolana: que la violencia podía ser un atajo legítimo hacia el poder y que las víctimas eran un costo aceptable en nombre de una supuesta redención nacional.
Hoy, la salida de Maduro no significa necesariamente la caída del sistema que lo sostuvo. El chavismo no fue solo un hombre, sino una estructura de poder civil, militar y económica que aprendió a sobrevivir a sanciones, aislamientos y crisis. La rápida designación de una presidenta interina, Delcy Rodríguez, revela que el aparato estatal busca continuidad, no ruptura. El riesgo es evidente: una transición meramente administrativa, sin democratización real, podría perpetuar el conflicto bajo nuevas formas.
En Chile, la reacción del Partido Comunista —condenando la acción estadounidense— responde a una tradición política marcada por el antiimperialismo y la defensa irrestricta de la soberanía. Sin embargo, esa postura también expone una tensión no resuelta en la izquierda latinoamericana: cómo condenar con la misma fuerza tanto la intervención externa como las violaciones a los derechos humanos cometidas por gobiernos ideológicamente afines. El silencio selectivo ha sido, durante años, uno de los grandes errores morales y políticos del progresismo regional.
El factor petróleo atraviesa todo el escenario. Venezuela sigue siendo una de las mayores reservas energéticas del mundo, y la posibilidad de que empresas estadounidenses vuelvan a invertir es un incentivo imposible de ignorar. Pero también es un arma de doble filo: si la operación se percibe como motivada por intereses económicos, el daño a la credibilidad internacional de Estados Unidos será profundo.
Cuando se invoca el derecho internacional, este debe ser respetado siempre. Venezuela fue sancionada por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, que determinó en marzo de 2019 que debía pagar unos 8.700 millones de dólares a la petrolera estadounidense ConocoPhillips por su expropiación en 2007. No respetó el fallo y hasta hoy no ha pagado un céntimo, desconociendo el derecho internacional.
La lección es incómoda pero necesaria. Cuando la comunidad internacional tolera por demasiado tiempo la demolición interna de una democracia, termina enfrentando dilemas imposibles: intervenir y violar principios, o no intervenir y ser cómplices pasivos por omisión. Venezuela llegó a ese punto. Y Sudamérica, una vez más, queda atrapada entre la defensa de la soberanía y la urgencia de proteger a los pueblos de sus propios gobiernos.
El desafío ahora no es celebrar ni condenar de forma automática, sino exigir que el vacío que deja Maduro no sea ocupado por la fuerza, sino por la política. Porque cuando los misiles reemplazan a las urnas, nadie —ni siquiera los vencedores— sale realmente ileso.
Como advirtió Carl von Clausewitz: “La guerra no es sino la continuación de la política por otros medios”. Venezuela es hoy la confirmación trágica de esa sentencia: cuando la política se degrada, la violencia deja de ser excepción y pasa a convertirse en método.
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