Cientista Político y Administrador Público
Universidad Tecnológica Latinoamericana
Durante la jornada de ayer, mientras la Región del Biobío enfrentaba un avance acelerado de incendios forestales y miles de familias evacuaban con lo puesto, el Estado volvió a exhibir una de sus falencias más persistentes: la lentitud administrativa en situaciones que exigen reacción inmediata.
A las 03:27 horas, el Presidente de la República anunció la decisión de declarar Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe para Ñuble y Biobío. Sin embargo, en las horas críticas posteriores, el decreto aún no contaba con las firmas necesarias, según informaron autoridades regionales: “no está firmado el decreto… la jefatura de defensa no puede tomar control”.
El problema no radicó en la falta de diagnóstico ni en la ausencia de anuncios, sino en un aspecto más básico: un Estado que continúa operando como si las emergencias tuvieran horario hábil de lunes a viernes. Diversas autoridades comentaron la situación con expresiones como “Gobierno con horario de oficina” o “Lo vemos el lunes”, reflejando una percepción de desconexión entre la urgencia en terreno y la capacidad de respuesta del nivel central.
En comunas como Penco y el Gran Concepción, esta sensación no es una exageración. Cuando el humo oscurece el cielo al mediodía, cuando las sirenas cesan y solo se escucha el avance del fuego y el sonido de aeronaves, la población queda expuesta a la incertidumbre y a la falta de conducción efectiva.
Es necesario recordar que, frente a una emergencia de gran magnitud, lo que está en juego no es la semántica ni la política, sino el mando y el control. El Estado de Catástrofe es una herramienta constitucional que habilita restricciones de tránsito, coordinación reforzada y la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la población. Su eficacia depende de un acto administrativo básico: la firma del decreto correspondiente.
Por ley, dicho decreto debe ser firmado por el Presidente de la República, el Ministro del Interior, el Ministro de Defensa Nacional y, cuando corresponda, el Ministro de Seguridad Pública. Mientras no cuente con todas las firmas y la toma de razón de Contraloría, la medida no entra en vigencia. En ese lapso, la institucionalidad queda en un vacío operativo: las Fuerzas Armadas no pueden desplegarse plenamente, no existe coordinación intersectorial desde el nivel central y las comunas afectadas quedan sin apoyo ministerial directo.
El gobernador regional lo expresó con claridad: sin decreto firmado no existe control pleno de la Jefatura de la Defensa ni posibilidad de adoptar medidas como toque de queda en caso de robos o saqueos, situación que afecta la disposición de la población a evacuar.
El contraste es evidente. Una vez ingresado el decreto, Contraloría tomó razón en 14 minutos y 50 segundos (09:30 ingreso – 09:44 aprobación). Es decir, el retraso no se produjo en el órgano contralor, sino en la cadena previa de firmas.
Datos preliminares de afectación:
- Más de 50.000 personas evacuadas mediante mensajes SAE, según el COGRID nacional.
- Cerca de 30.000 evacuados en Biobío y Ñuble en reportes iniciales.
- 1 fallecido en Bulnes (Ñuble) y 16 fallecidos en Biobío, según actualizaciones posteriores.
- En Penco, alrededor de 20.000 personas evacuadas y albergues habilitados.
- Más de 250 viviendas destruidas en el eje Penco–Concepción, según reportes de prensa.
La información oficial fue escasa durante las primeras 14 horas, lo que obligó a recurrir a medios de comunicación para conocer el estado de la emergencia. El punto de prensa de SENAPRED y los ministros se realizó tardíamente, cuando la ciudadanía ya había recibido la mayor parte de los antecedentes por vías no oficiales.
En cuanto a la designación de Jefes de la Defensa Nacional, medios como ADN y BioBioChile informaron que asumirían:
- En Ñuble: General del Ejército Jorge Salinas.
- En Biobío: Contraalmirante Jorge Keitel.
- En la provincia de Concepción: Almirante Edgardo Acevedo.
No obstante, estas designaciones solo adquieren validez práctica cuando el decreto está firmado y vigente.
La instalación del COGRID nacional a las 09:30 horas, mientras la emergencia continuaba escalando, evidenció un desfase entre la coordinación central y la realidad en terreno. La pregunta que surge es inevitable: ¿cómo es posible que, en un incendio de esta magnitud, el Estado se vea entrampado en un trámite administrativo básico?
Lecciones que este episodio deja en evidencia:
- Implementar un sistema de emergencias 24/7 real, con tramitación prioritaria y responsables de turno.
- Establecer una cadena de mando sin puntos únicos de falla: la ausencia de una firma no puede paralizar al Estado.
- Otorgar atribuciones reforzadas a los COGRID regionales desde el primer minuto, evitando la dependencia exclusiva del nivel central.
El fuego no espera. La ciudadanía tampoco debería hacerlo.
Esta nota no constituye una crítica política, sino una exigencia mínima al Estado y a cualquier administración: cuando una región de 1,6 millones de habitantes enfrenta una emergencia mayor, la burocracia no puede operar como si fuera martes a las 11:00 de la mañana. El servicio público es un compromiso permanente, sin fines de semana ni feriados. Las autoridades deben tenerlo presente para no repetir los errores observados. Si alguien desea descansar los fines de semana o priorizar actividades personales, su lugar no es la función pública.
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