“No existe eso que llaman dinero público; solo existe el dinero de los contribuyentes.”
Margaret Thatcher.
Este jueves 26 de marzo de 2026 Chile enfrentará una de las alzas de combustibles más duras de los últimos años. La gasolina subirá $370 por litro y el diésel $580 por litro, en medio del shock petrolero provocado por la guerra en Irán y la tensión en el estrecho de Ormuz. Reuters reportó que el Brent llegó a bordear los US$101 por barril, muy por encima de los niveles previos al conflicto, y que en Santiago el salto equivale a cerca de 30% en gasolina y 60% en diésel.
Ese golpe no será abstracto. Se sentirá en el auto familiar, en la locomoción, en la distribución de alimentos, en la construcción, en la agricultura y en cada pyme que depende del transporte. El diésel, sobre todo, empujará al alza los costos logísticos y, con ello, el precio de bienes básicos. En otras palabras: cuando sube así el combustible, no solo sube llenar el estanque; sube el costo de vivir.
En este escenario, el gobierno de José Antonio Kast hizo lo que correspondía: asumir que el MEPCO no puede transformarse en una alfombra bajo la cual se esconda indefinidamente el precio real de una guerra. El Decreto Exento N° 103, publicado en el Diario Oficial el 23 de marzo de 2026, mantuvo el mecanismo, pero modificó la ventana de cálculo del precio de paridad de importación de 2 a 4 semanas para gasolina, diésel y GLP vehicular. Es una corrección técnica que no resuelve el problema de fondo, pero sí suaviza el traspaso inmediato del shock y entrega algo más de estabilidad.
La razón es simple: el MEPCO sirve para amortiguar volatilidad, no para negar la realidad. Reuters informó que sostener artificialmente el esquema previo podía costarle al Estado hasta US$4.000 millones, con un costo semanal cercano a US$140 millones. En un país con un balance estructural de -3,6% del PIB en 2025, según el Consejo Fiscal Autónomo, insistir en subsidiar sin límite habría sido otra irresponsabilidad fiscal, esta vez en medio de una crisis internacional real.
Y aquí está el punto político de fondo. Chile llega debilitado a esta crisis porque el gobierno anterior de Gabriel Boric dejó una situación fiscal mucho más frágil de la que prometió. La Dipres estimó para 2025 un déficit estructural de 3,55% del PIB y una deuda bruta de 41,7% del PIB, mientras el CFA advirtió un desvío relevante respecto de la meta fiscal original. Eso significa menos espalda para enfrentar emergencias, menos margen para amortiguar shocks externos y más dolor cuando la realidad internacional golpea. El costo de la indisciplina siempre termina pagándolo la clase media.
Pero hay una arista adicional que el debate no puede seguir eludiendo: el privilegio del combustible parlamentario. Mientras millones de chilenos tendrán que recortar viajes, ajustar presupuestos o asumir mayores costos de trabajo, en el Congreso persisten asignaciones y suplementos financiados con recursos públicos para combustible.
Y conviene hablar con precisión. La normativa no fija un cupo en litros, sino montos en pesos y tarjetas asociadas al ejercicio de la función parlamentaria. Para 2025, el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias fijó un suplemento de $402.706 mensuales para diputados de los distritos 4, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 18 y 19, y de $445.110 mensuales para senadores de Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins y Maule.
Traducido al lenguaje que entiende cualquier chileno: si la gasolina de 93 octanos en la Región Metropolitana quedará en torno a $1.464 por litro, ese suplemento equivale a unos 275 litros mensuales para algunos diputados y 304 litros para algunos senadores. Y eso sin considerar que los gastos operacionales variables también pueden incluir combustible.
¿Es defendible políticamente en medio de un alza histórica? A mi juicio, no. Y menos cuando el propio sistema ha sido objeto de cuestionamientos por su uso irregular. La regulación establece que las tarjetas deben usarse para la función parlamentaria, pero reportajes de CIPER revelaron que familiares y terceros las utilizaron en casos concretos, pese a que el reglamento indica que su uso corresponde al parlamentario y a su personal de apoyo autorizado.
Por eso, si el país va a entrar en una etapa de ajuste, ese ajuste no puede recaer solo en el ciudadano común. El suplemento de combustible parlamentario debiera eliminarse o, al menos, reducirse de manera significativa y urgente. Lo mínimo exigible en una democracia seria es que quienes legislan bajo el argumento del realismo fiscal sean los primeros en aceptar que también deben perder privilegios. No puede ser que el transportista, el trabajador, la madre que lleva a sus hijos al colegio y la pyme regional sientan el golpe completo, mientras en el Congreso siga existiendo un colchón financiado por todos.
Esto no significa desconocer que los parlamentarios se desplazan por sus territorios. Significa recordar algo elemental: en tiempos extraordinarios, la señal ética importa tanto como la señal económica. Y hoy la señal correcta no es proteger un beneficio cuestionado, sino demostrar que la austeridad parte por arriba.
El gobierno de Kast acertó al corregir el MEPCO y al reconocer que el Estado no puede seguir absorbiendo artificialmente un shock petrolero de esta magnitud. Pero la coherencia exige ir más allá: si se le pide a Chile apretarse el cinturón, el Congreso no puede seguir pasando la tarjeta de bencina como si nada ocurriera.
Como advirtió Margaret Thatcher, “no existe eso que llaman dinero público; solo existe el dinero de los contribuyentes”. Y precisamente por eso resulta inaceptable que, mientras millones de chilenos deberán absorber el alza de los combustibles con su propio bolsillo, el Congreso mantenga beneficios de combustible financiados por todos.
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