La concesión del Aeropuerto Diego Aracena quedó en el centro de una investigación luego de que la Fiscalía comenzara a indagar un presunto fraude de seguros que involucra a la empresa SCADA, encargada del terminal aéreo. Todo parte por una querella presentada por la aseguradora ORSAN, que acusa a la concesionaria de intentar cobrar dos pólizas de manera irregular.
Según la acción judicial, presentada por el abogado Hugo Rivera Villalobos, SCADA y sus representantes legales, Omar Arturo Becerra Mella y Christian Celedón Mutis, habrían buscado activar dos garantías por un total de UF 234.393,8 —unos US$9 millones— vinculadas a las obras de construcción y modernización del aeropuerto. ORSAN sostiene que la concesionaria “habría falseado antecedentes para justificar la activación de las pólizas y obtener así un pago indebido”, lo que podría constituir fraude de seguros bajo la Ley de Delitos Económicos.
El conflicto se remonta al contrato EPC firmado en 2017 entre SCADA y la constructora Claro Vicuña Valenzuela (CVV), que debía ejecutar las obras y entregar garantías emitidas por ORSAN. Tras la liquidación voluntaria de CVV en 2022, SCADA pidió el cobro completo de ambas pólizas, argumentando incumplimientos contractuales. ORSAN rechazó el pago porque, a su juicio, no se daban las condiciones para activar las garantías.
En medio de la investigación apareció un documento llamado “Bases de acuerdo”, fechado en julio de 2023, donde se detalla una propuesta que SCADA habría enviado a CVV para repartirse los montos que eventualmente se obtuvieran, tanto por indemnizaciones del MOP como por el cobro de las garantías. CVV no habría aceptado la propuesta. El texto, según la querella, contemplaba que hasta un 60% de los recursos del seguro fueran transferidos a la constructora y pedía levantar medidas precautorias y colaborar con gestiones que facilitaran el pago.
Para ORSAN, estos antecedentes apuntan a un plan para obtener beneficios económicos “en perjuicio de la aseguradora mediante la simulación de daños o incumplimientos contractuales”. La ampliación de la querella incluyó a SCADA como persona jurídica bajo la nueva Ley de Delitos Económicos, lo que podría derivar en sanciones que van desde la prohibición de contratar con el Estado hasta la disolución de la empresa, si se confirma el delito.
