El límite olvidado del gasto público | Por Agustín Rendic

En Chile, cada cierto tiempo volvemos a lo mismo: reformas tributarias. Bajo distintos argumentos, con diferentes matices, pero siempre con el mismo objetivo final: recaudar más. Ya sea subiendo tasas, creando nuevos gravámenes o ajustando los existentes, la lógica es una sola: el Estado necesita más recursos.

Sin embargo, poco se discute sobre la eficiencia de este camino. Mover tasas de impuestos es, probablemente, una de las herramientas más ineficientes para aumentar la recaudación. Aun así, persiste una idea profundamente instalada — especialmente en ciertos sectores políticos— de que los impuestos son, ante todo, un mecanismo para quitarle a los que más tienen y redistribuir hacia los que menos tienen.

En teoría, la ecuación suena simple: se recauda más de los sectores de mayores ingresos y, a través del gasto fiscal, esos recursos se transfieren a quienes más lo necesitan. Pero en la práctica, esa ecuación rara vez se cumple como se promete. Y ese es el problema de fondo. Porque entre la recaudación y el gasto, los recursos no siempre llegan a destino. Casos de mal uso de fondos públicos, deficiencias en la gestión estatal o derechamente corrupción, como lo visto en fundaciones, terminan distorsionando completamente el propósito inicial. Incluso mecanismos como las licencias médicas financiadas por el sistema público reflejan un uso deficitario de recursos que, en parte importante, provienen del Estado.

Pero hay un problema aún más profundo: el impacto económico de subir impuestos. Cada peso que se le quita al sector privado es un peso menos disponible para invertir. Y sin inversión, no hay crecimiento. Y sin crecimiento, no hay empleo.

La lógica es simple. Si un negocio comienza a tener más demanda, invierte para crecer. Esa inversión implica contratar más personas. Lo mismo ocurre a gran escala: cuando una empresa decide expandirse, necesariamente genera empleo. Y ese empleo tiene un efecto multiplicador: personas que antes no tenían ingresos comienzan a consumir, pagar impuestos indirectos y dinamizar la economía.

Por eso, uno de los efectos más perversos de las reformas tributarias mal diseñadas es que cambian las decisiones de inversión. La incertidumbre frena proyectos, posterga decisiones y, en definitiva, ralentiza la creación de empleo.

Frente a esto, la pregunta es inevitable: ¿existe una alternativa?

Sí, tener el crecimiento económico como eje central de la política fiscal. Una propuesta concreta es establecer un límite al gasto fiscal como porcentaje del PIB. Por ejemplo, definir que el gasto público no puede superar el 10% del producto. Esto

introduce una regla clara: si se quiere aumentar el gasto, necesariamente debe crecer la economía.

El incentivo cambia completamente. El Estado deja de ver la inversión privada con sospecha y comienza a promoverla activamente. Más inversión implica más utilidades, más empleo y, por esa vía, mayor recaudación sin necesidad de asfixiar al sector productivo.

Además, se evita una práctica que se ha vuelto cada vez más frecuente: financiar el gasto con deuda. Porque cuando el Estado se endeuda, lo que hace en realidad es comprometer impuestos futuros. Es decir, traslada el costo a las próximas generaciones, generando una evidente injusticia Inter temporal.

Hoy, con déficits fiscales significativos, esta discusión ya no es opcional. Es urgente. Chile necesita repensar su política fiscal. No basta con discutir cuánto recaudar, sino cómo se genera esa recaudación y bajo qué incentivos. Si el gasto sigue creciendo desconectado de los ingresos reales de la economía, el problema solo se profundizará.

Tal vez llegó el momento de cambiar la pregunta. No cómo cobramos más impuestos, sino cómo hacemos crecer más la economía.

Porque al final del día, no hay política social sostenible sin crecimiento económico que la respalde.

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