La alimentación escolar podría quedar protegida por la Constitución si prospera una reforma presentada por los diputados Juan Santana (PS), Carlos Carvajal (IND-PPD) y Luis Cuello (PC), quienes proponen que el Estado tenga la obligación permanente de asegurar una alimentación muy saludable, suficiente y adecuada para estudiantes de los jardines infantiles, básico y media.
La iniciativa de los parlamentarios plantea que este derecho forme parte de las condiciones necesarias para ejercer plenamente el derecho a la educación, destacando que una nutrición adecuada influye directamente en el aprendizaje, el desarrollo integral y la igualdad de oportunidades, especialmente entre estudiantes de familias más vulnerables.
El diputado Juan Santana explicó que la propuesta surge en momentos en que se discute la Ley de Presupuesto y se ha puesto en duda la continuidad de programas como la alimentación escolar. «Hoy día cuando se está discutiendo la Ley de Presupuesto y cuando se ha puesto en vela la continuidad de políticas públicas tan importantes como el Programa de Alimentación Escolar, que en nuestro país lleva décadas permitiendo que jóvenes de todos los estratos sociales puedan acceder a una alimentación como corresponde al interior de las comunidades educativas, entendiendo de que la alimentación también es parte del desarrollo cognitivo de las y los estudiantes de nuestro país».
Por su parte, el diputado tarapaqueño Carlos Carvajal sostuvo que la alimentación no puede depender de las prioridades de cada administración. “Soy profesor de educación física, he visto en salas y canchas estas lamentables deficiencias, donde a nuestros niños se les exige rendimiento, pero no cuentan con todas las condiciones. Es por eso que no podemos garantizar una educación de calidad, con igualdad de oportunidades si a nuestros estudiantes no se les garantiza una alimentación suficiente y saludable para el desarrollo de su actividad. Por lo mismo, presentamos este proyecto de reforma constitucional para que se garantice una alimentación adecuada, que no sea voluntad del gobierno de turno. Este no es un gasto, es una inversión social y educativa para el futuro de nuestro país, que son nuestros niños y los niños”.
La presidenta de Confetrap, Giselle Valenzuela, respaldó la propuesta y afirmó que «cualquier instancia en la que seamos invitadas a apoyar la continuidad y los derechos de la alimentación escolar, estaremos presentes para apoyar cualquier impulso que sea y más aún aquí, apoyando a esta instancia y esta buena idea de querer legislar, resguardar la alimentación escolar de los niños, niñas, jóvenes de nuestro país».
El proyecto también establece que, una vez aprobada la reforma, el Ejecutivo tendrá un plazo de doce meses para presentar una ley que regule el acceso, la continuidad, la calidad nutricional, la cobertura y la fiscalización del servicio, resguardando además la continuidad de los programas de alimentación escolar que actualmente funcionan en el país.
