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Este 13 de septiembre se cumplen 10 años de la desaparición forzada de José Vergara Espinoza, joven de Alto Hospicio que fue detenido por Carabineros en su propia casa y nunca más volvió a ser visto. El caso, ocurrido en 2015, se convirtió en uno de los más emblemáticos de violaciones a los derechos humanos en democracia, y aún hoy sigue sin resolución definitiva ni reparación para su familia.
El día que se lo llevaron
José Vergara tenía 22 años y padecía esquizofrenia. En medio de una crisis, su familia llamó a Carabineros para pedir ayuda. Cuatro funcionarios de la Tercera Comisaría de Alto Hospicio —Carlos Valencia Castro, Ángelo Muñoz Roque, Abraham Caro Pérez y Manuel Carvajal Fabres— llegaron al domicilio, lo detuvieron y se lo llevaron en un vehículo institucional. Desde ese momento, nunca más se supo de él.
Inicialmente, los policías negaron haberlo detenido. Incluso falsearon las comunicaciones radiales con la central. Pero tras la presión de la familia y la investigación judicial, confesaron haber abandonado a José en un sitio eriazo del desierto, camino a Caleta Buena. Esta práctica, conocida como “machetazo” o “dos corto”, consistía en dejar a personas detenidas en zonas deshabitadas para evitar el papeleo de una detención formal.
El juicio y las condenas
En 2018, el Tribunal Oral en lo Penal de Iquique condenó a los cuatro carabineros por el delito de secuestro simple, desechando la figura de desaparición forzada. Las penas fueron menores, y ninguno de los condenados permanece en prisión. La familia apeló, y el caso llegó hasta la Corte Suprema, donde se revisaron los alegatos en busca de una condena más acorde a la gravedad del hecho.
El abogado Enzo Morales, representante de la familia, ha insistido en que el Estado de Chile debe ser condenado por su responsabilidad en la detención ilegal, el secuestro calificado y la desaparición forzada de José Vergara. “A nadie le cabe duda que fue asesinado y su cuerpo hecho desaparecer”, señaló, recordando que no existen restos identificados ni noticias sobre su paradero desde aquel 13 de septiembre de 2015.
La denuncia internacional
En 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró admisible la denuncia contra el Estado chileno por este caso. La familia fue notificada de que el Gobierno debía entregar antecedentes sobre la desaparición, y se abrió la puerta a una eventual condena internacional. La hermana de José, Cristina Vergara, expresó: “Vivo lo llevaron, vivo lo queremos”.
El padre del joven, Juan Vergara, también ha sido enfático en denunciar el abandono del Estado. En marzo de 2023, se reunió con el presidente Gabriel Boric en el memorial de Pisagua, quien se comprometió a incluir a José en el Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos. Sin embargo, la familia afirma que ese compromiso no se cumplió.
Una década sin respuestas
A diez años del hecho, el caso de José Vergara sigue siendo una herida abierta en Alto Hospicio y en el país. Su nombre se suma a otros casos de desaparición forzada en democracia, como los de José Huentante (2005), Ramón Pacheco (2008) y Arispe (2001), todos vinculados a actuaciones de agentes del Estado.
