Imagen de archivoColillas de cigarrillos, plásticos, incluso restos de comida, incluyendo pañales desechables con caca (así de cochinos) son algunas de las sorpresas desagradables con las que se encuentran los veraneantes, y que dañan el medioambiente en ríos, lagos y playas de nuestro país. Pero las autoridades se pusieron las pilas y esto podría cambiar a partir de hoy.
El Diario Oficial, ese que pocos leen, publicó este lunes la ley – impulsada por el Ministerio de Bienes Nacionales -que modifica el Código Penal, para castigar con multas que van de 1 a 4 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), a quienes ensucien, arrojen o abandonen basura, materiales o desechos de cualquier índole en playas, riberas de ríos o de lagos, parques nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales o en otras áreas de conservación de la biodiversidad declaradas bajo protección oficial.
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“Esta herramienta nos permite cuidar los lugares donde muchos chilenos disfrutan las vacaciones y castigar a quienes no lo hagan. Todos queremos disfrutar de nuestros días de descanso en un ambiente limpio”, destacó el ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward.
El nuevo cuerpo legal busca desincentivar la contaminación de playas, ríos, lagos y parques nacionales, por parte de sus visitantes. “La idea es sancionar un mal hábito individual que repercute y ocasiona daño a la comunidad en general y que, a la vez, permite educar a la ciudadanía en el cuidado del medioambiente”, recalcó el secretario de Estado.
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Esta ley de cuidado de riberas de mar, ríos y lagos se suma a la campaña “Que no te falte playa”, lanzada la semana pasada en todo Chile por el Ministerio de Bienes Nacionales, y que busca que la ciudadanía se informe sobre su derecho a acceder de manera gratuita a las playas del país.
Por tratarse de una modificación al Código Penal, la fiscalización corresponde a Carabineros de Chile (tiene atribuciones para control de identidad y cursar partes), mientras que la aplicación material de las multas es atribución de los tribunales de garantía, tras la acusación del Ministerio Público.
Este proyecto de ley fue iniciado en moción en 2012 por un grupo de senadores, promovido principalmente por el ahora ministro de Minería, Baldo Prokurica.
