Conversamos con la Abogada Mileska Romero, de la Asamblea Abierta de Migrantes y Promigrantes de Tarapacá (AMPRO), a raíz de las expulsiones de personas extranjeras que se han llevado a cabo. Fue la mañana de este domingo, en que 56 migrantes, fueron subidas a un avión para ser devueltas a su país de origen, los que contaban con resoluciones judiciales “individuales”, debido a que estaban de manera “irregular” en el país o que contaban con antecedentes penales.
La Asamblea Abierta de Migrantes y Promigrantes de Tarapacá AMPRO Tarapacá, prestan asesoría de forma voluntaria, y en este contexto han tomado conocimiento que personas de nacionalidad venezolana, que ingresaron a Chile por pasos no habilitados, y que cumplieron una cuarentena preventiva sanitaria dependiente de la seremi de Salud, fueron informados por parte de las autoridades, que debían autodenunciarse ante la Policía de Investigaciones (PDI), por el ingreso clandestino a Chile, “porque sería la única forma de poder regularizarse en el país, y lo que ha sucedido, es que estas personas teniendo esta información, se autodenunciaron y quedaron con firma semanal durante el periodo hasta que se les notificó por parte de la PDI, la expulsión administrativa por ingreso clandestino a Chile”, nos comentó Mileska Romero.
Además, la abogada señaló que: “Lo primero que hay que destacar es que son personas que se tratan de expulsar de forma administrativa, no judicial, porque la expulsiones judiciales, son procedimiento de cumplimiento sustitutivo a las condenas, las cuales, las personas voluntariamente acceden a ser expulsados a retornar a su país de origen”, explicó.
Agregando que, “nosotros queremos hacer hincapié, es con respecto a las expulsiones administrativas, porque en el fondo las personas por información entregada por canales formales, hicieron el proceso de la autodenuncia, siendo que la mayoría de ellos vienen a Chile, en busca de protección política, de refugio particularmente (…) todas esas personas que están con una autodenuncia por ingreso clandestino y a quienes se les notificó la expulsión administrativa, son potenciales solicitantes de refugio en Chile, pero esta otra parte de la información no se le comunica a ellos, por ende no inician su proceso de refugio correspondiente”.
Asimismo, Mileska Romero, comenta que la gran preocupación son por aquellos que no tienen una condena por algún delito y se les priva al no tener el tiempo suficiente para poder ejercer un recurso de amparo de la justicia. “Es preocupante que las personas que lograron interponer un recurso de amparo y la corte lo acogió a tramitación, una vez que ellos se encuentran detenidos por parte de la policía y estando pendiente este recurso judicial, la PDI de igual forma materializó las expulsiones. Entonces tendremos recursos de amparo, que se van a resolver teniendo personas que ya están de regreso a su país de origen”, puntualizó.
La abogada, también se refirió a las expulsiones Colectivas, recordando que existen tratados internacionales que están ratificados por Chile, además la Legislación Migratoria Chilena y el debido proceso en la convención americana de Derechos Humanos, en su artículo 22, están prohibidas. “Hay que revisar los casos uno por uno, pero si uno lee las resoluciones administrativas, que dispone la expulsión , son todos iguales, lo único que les cambia es la persona afectada y el número del parte policial que emitió la PDI, pero el resto es idéntico, no hay un estudio particular de caso y eso es lo que a nosotros nos preocupa”.
En relación a la selección de las personas que van a expulsar, la jurista comentó que “eso lo desconocemos, no sabemos cuáles son los criterios de los que toman detenidos”, señaló.
