Este martes 5 de noviembre, en el Juzgado de Garantía de Iquique el Ministerio Público cerró la investigación penal en contra de 15 imputados del caso de corrupción ‘cajas de alimentos’.
Desde hoy la Fiscalía tiene 10 días para presentar decidir si presenta acusación fiscal contra los imputados o pide el sobreseimiento definitivo o comunicar la decisión de no perseverar en el procedimiento, según informa el abogado quererllante en el caso, Enzo Morales.
En esta investigación penal se encuentran formalizados por el delito de fraude al fisco reiterado y sujetos a medidas cautelares el ex intendente UDI del Gobierno de Piñera II, Miguel Quezada Torres, la actual CORE RN, Daniela Solari Vega, la abogada Lilian Plaza Bravo, el director de finanzas Jhonny Muñoz Cancino, la funcionaria María Lemus Espinoza y los comerciantes Lorena Barrientos Ramírez, Gabriel Diaz Duran, Rodrigo Vega Laferte, Gunther Ziller Arjona, Dimitri Diaz Neira, Ricardo Percic Becerra, Ximena Ciudad Varela, Juan Carlos Ayala Brito Y Marcelo Valenzuela Contreras, por la comisión concertada en el año 2020 entre funcionarios de la Intendencia y Gobierno Regional con empresarios para cometer actos de corrupción que causaron un perjuicio fiscal para la región de Tarapacá de $500.000.000.- (quinientos millones de pesos) por «sobreprecio» de $10.000.- por caja de alimento adjudicada y entregada durante la pandemia COVID-19 en la región de Tarapacá.
Sobre el caso el abogado querellante Enzo Morales señaló: «Como único querellante particular, en representación de los habitantes de la región de Tarapacá, espero que la fiscalía presente la acusación y lleve a juicio oral a todos los imputados que están formalizados por delitos de corrupción pública para que sean condenados por la justicia a penas ejemplares de cárcel efectiva sin beneficios y que el consejo de defensa del Estado recupere los $500 millones defraudados».
