En la red de salud municipal de Alto Hospicio, el primer semestre de 2025 ha dejado una cifra que alarma y exige reflexión: 101 agresiones a funcionarios y funcionarias, entre episodios verbales, físicos y psicológicos. La tendencia amenaza con superar el récord histórico de 122 casos registrado en 2024, consolidando así un escenario crítico en los centros de atención primaria de la comuna.
Para Maylent Yáñez Zamora, presidenta de la Asociación de Trabajadores de la Salud Municipal, Utrasah, la situación «es preocupante”, señala tajante. La violencia en los pasillos de los CESFAM, SAPU y SAR ha dejado de ser una estadística para transformarse en una rutina que golpea el ánimo y el compromiso de quienes sostienen el sistema de salud desde la primera línea.
“La verdad es que es preocupante. Tenemos un aumento masivo de agresiones: ciento una en lo que va de enero a julio. En el mes de junio contábamos con noventa y tres, hoy día han aumentado a ciento una, entre agresiones verbales, físicas, psicológicas, y a distintos tipos de estamentos, distintos funcionarios, en lo que va del año”, advierte Yáñez.
LEY 21.188
La dirigenta sostiene que las instituciones no están funcionando adecuadamente para los trabajadores de la salud primaria, y llama a respetar lo dispuesto en la Ley 21.188, que endurece las penas por agresiones y establece protocolos de denuncia y defensa legal. “La ley representa un avance jurídico importante, pero su impacto depende de la implementación efectiva, la denuncia oportuna y el respaldo institucional”, enfatiza.
Yáñez también expone que el entorno de algunos centros, como el sector de Canadela y el CAPS, incrementa la sensación de inseguridad. “Hoy día, como funcionarios, estamos inseguros. Inseguros ante el aumento de delincuencia en el sector de Canadela, de CAPS —que es el centro de apoyo que presta atención al adulto mayor y a personas de movilidad reducida—. En general, estamos rodeados de ferias, y por lo tanto, las agresiones han ido aumentando en base a la delincuencia”, explica.
SERVICIO
La preocupación de Yáñez no sólo apunta a la dimensión física de los hechos, sino a la invisibilidad de sus efectos emocionales: el miedo, la frustración y el desgaste progresivo. “Es un servicio que entregamos a toda la comunidad día a día, pero hay situaciones en que estamos en riesgo. Tengo funcionarias socias que han sido agredidas en los recintos con patadas, golpes, puños, insultos, y eso, sin desmerecer, muestra que el funcionario también se encuentra desprotegido al salir de su jornada laboral. También existe el riesgo de que pueda ser perseguido por los mismos usuarios que agreden”, advierte.
Finalmente, Yáñez detalla la distribución de los casos más recientes: CESFAM Héctor Reyno, 11 agresiones; CECOF El Boro, 2; y CESFAM Dr. Yandry Añazco, 20, este último convertido en el centro con mayor número de agresiones en la comuna. “Es bastante”, concluye la dirigenta.
