El Senado argentino aprobó la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, en una sesión larga, tensa y con protestas afuera del Congreso. Con esta denominada media sanción, el proyecto pasa ahora a la Cámara de Diputados, donde se jugará una verdadera batalla política.
La discusión quedó marcada por los artículos que, según sindicatos, opositores y especialistas en derecho laboral, recortan derechos históricos y facilitan condiciones más precarias para los trabajadores. Entre los cambios más criticados aparecen la reducción del cálculo de indemnizaciones, la creación de un fondo de cese que abarata despidos, la flexibilización de la jornada, el fraccionamiento de vacaciones, nuevas restricciones al derecho a huelga y un paquete de medidas que debilitan la negociación colectiva y el poder sindical.
Para las agrupaciones de trabajadores trasandinos, el combo implica un retroceso que no ataca la informalidad —que ya afecta a casi la mitad de los trabajadores— y que, en cambio, abarata costos empresariales a costa de la protección laboral. Desde el oficialismo, en cambio, celebran la media sanción como un avance clave en la modernización del mercado de trabajo y un nuevo triunfo político para Milei, que logró ordenar apoyos y empujar una de las reformas más sensibles de su agenda.
Ahora la pelota queda en Diputados, donde el oficialismo buscará convertir la reforma en ley y la oposición intentará frenar o modificar los artículos más polémicos.
