POR: MARCO ENRÍQUEZ-OMINAMI Y CRISTIAN JAMETT
Fundación Progresa, Chile
El pasado bicentenario de la República nos encontró sin ninguna experiencia de
participación ciudadana en la elaboración de las instituciones de Estado. Si se
considera que todas las constituciones de la república nunca fueron “productos de
una deliberación ciudadana, sino, siempre, imposición de una minoría organizada
(…) Así ha ocurrido con las constituciones en 1829, 1891, 1925, 1980” (Salazar y
Pinto, 1988: 82).
La materialidad específica del Estado chileno, con sus características centralistas
y unitarias, representadas en sus constituciones, no constituyen un hecho al azar.
Por el contrario, es obra de un proyecto histórico de los auto proclamados dueños
de Chile, para favorecer el control de unos y la subordinación de otros.
En este contexto, terminar con los privilegios del centro significa entre otras cosas
terminar con el andamiaje que hace que en Santiago coincidan, como en muy
pocas partes en el mundo, la capital política, económica y cultural en un mismo
lugar, concentrando los poderes políticos institucionales y extra institucionales,
las élites económicas, los hospitales más complejos, las universidades públicas y
privadas más financiadas por el Estado, la mayor población, etc. Mientras las
regiones siguen siendo consideradas como urbanizaciones concomitantes a las
zonas de extracción de recursos naturales con las respectivas externalidades
positivas (trabajo) y negativas (contaminación) que ello implica.
Después de tantos anuncios ha quedado demostrado que la descentralización de
Chile no será una concesión del centro sino una conquista progresiva de las
regiones en la línea de madurar un proyecto histórico que tenga como norte una
transformación del Estado de Chile, centralista y unitario, por un Estado que
permita a las regiones ser protagonistas y el motor de su futuro. Para ello no
existe mejor camino institucional que la elaboración de una nueva constitución
también desde las regiones.
