La mañana de este martes, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Iquique decidió reprogramar el inicio del juicio oral por el Caso Cajas de Alimentos en Tarapacá, a petición del defensor penal público Marcelo Larapol, quien representa a Lilian Plaza Bravo, ex jefa de gabinete del exintendente Miguel Ángel Quezada Torres.
El juicio, que debía comenzar hoy, fue aplazado para el lunes 9 de junio, debido a que Larapol se encuentra participando en otro juicio oral relacionado con una de las aristas del Caso Tren de Aragua. Ante esta situación, el tribunal aceptó la solicitud y fijó la nueva fecha para el proceso judicial, según informó el abogado querellante Enzo Morales.
Un fraude millonario en el centro del juicio
El caso involucra a Daniela Solari Vega y Miguel Quezada Torres, quienes son los principales acusados de un fraude que asciende a más de 500 millones de pesos, cometido durante la gestión de Quezada como intendente y Solari como jefa de planificación del Gobierno Regional. Además, en el juicio también están implicados otros funcionarios públicos y empresarios gastronómicos.
El abogado Enzo Morales, querellante en el caso, destacó la importancia de que el juicio se lleve a cabo para esclarecer los hechos. “Estimo que es necesario el inicio del juicio oral para que sea el tribunal oral en lo penal después de la rendición de las pruebas que están programadas para dos meses, es decir, hasta el 31 de julio pueda decidir en un veredicto de absolución o condena la responsabilidad por un fraude de más de 500 millones de pesos que se causó a la región de Tarapacá mientras Miguel Quezada y Daniela Solari tenían cargos directivos, uno como intendente y la otra como jefa de planificación tanto de la intendencia como del gobierno regional”, señaló el abogado Enzo Morales.
El origen del caso
Este escándalo de corrupción se remonta al año 2020, en plena pandemia de COVID-19, cuando la Fiscalía detectó que desde la Intendencia y el Gobierno Regional de Tarapacá se coludieron con empresarios particulares para inflar los precios de las cajas de alimentos, generando un perjuicio fiscal de más de 500 millones de pesos. La investigación de la Contraloría General de la República, junto con el trabajo de la Brigada de Delitos Económicos y el Laboratorio de Criminalística de la PDI, permitió acreditar las irregularidades.
Con el juicio oral programado para el 9 de junio, se espera que en los próximos meses se presenten pruebas clave y testimonios que permitan esclarecer la responsabilidad de los acusados en este caso de corrupción que afectó a la región de Tarapacá. ¿Será este el inicio de una condena ejemplar o habrá sorpresas en el veredicto? Habrá que esperar hasta el 31 de julio para conocer la decisión del tribunal.
