En una decisión que podría marca un precedente en la lucha contra los delitos económicos, el Juzgado de Garantía de Iquique rechazó la suspensión condicional del procedimiento penal solicitada por el Ministerio Público y las defensas de los imputados en el denominado Caso Club de Tenis Tarapacá, ordenando la continuación del proceso judicial con miras a la audiencia de preparación de juicio oral.
Los acusados —Tito Rebollo Zagal, Juan Rebollo Zagal, Sebastián Asserella Rebollo, Jorge Asserella Alvarado, Jorge Álvarez Rejas, Wladimir Peric López y Miguel Ortuño Nieto— deberán enfrentar juicio oral por los delitos de administración desleal y perjudicial de patrimonio ajeno, falsificación de escrituras públicas y lavado de dinero.
La propuesta de salida alternativa consistía en la construcción de un nuevo club de tenis en un terreno eriazo en Punta Gruesa, sin urbanización ni servicios básicos, y en condiciones que no permiten la práctica del deporte. Esta oferta fue duramente cuestionada por la parte querellante, que denunció su falta de proporcionalidad frente al daño causado.
El abogado Enzo Morales, representante del socio querellante Manuel Palacios, celebró la resolución judicial:
“El tribunal acogió la oposición que presenté en defensa del Club de Tenis contra el acuerdo oculto entre Fiscalía y Defensas porque los acusados ofrecieron reparar un fraude de $3.000 millones con la compra parcial de derechos sobre un inmueble por un valor de $300 millones, adquirido a la familia del CORE Octavio López, lo que no es proporcional al daño causado al Club y además el terreno se encuentra embargado por la Tesorería General de la República por deudas tributarias.”
Con esta decisión, informó el abogado Enzo Morales, se abre paso a la etapa de preparación de juicio oral, donde se presentarán las pruebas que sustentarán las acusaciones, en un proceso que promete ser clave para la transparencia y la rendición de cuentas en la administración de instituciones deportivas y sociales.
El Caso Penta estalló en 2014 y reveló un esquema de fraude tributario y financiamiento ilegal de campañas políticas. Los empresarios Carlos Délano y Carlos Lavín fueron condenados, pero evitaron la cárcel. Cumplieron libertad vigilada y asistieron a clases de ética, lo que generó fuerte crítica pública.
