La presentación ingresada este lunes ante el Ministerio Público, la Contraloría Regional, Carabineros, la Delegación Presidencial y el Ministerio del Interior acusa un presunto uso irregular de personal policial para obtener firmas de dirigentes sociales en medio del proceso de subsanación de observaciones detectadas por el Informe Final N° 510 de Contraloría.
RODRIGO LONGA T.
Una denuncia pública y administrativa presentada este lunes por el consejero regional Luis Milla Ramírez abrió un nuevo flanco en torno al caso de los computadores entregados en el marco del proyecto “Alfabetización digital y utilización de la plataforma de Comisaría Virtual”, financiado con recursos del Gobierno Regional de Tarapacá. La acción, dirigida al Ministerio Público, la Contraloría General de la República, el General de Zona de Carabineros, la Delegación Presidencial y el Ministerio del Interior, denuncia un eventual uso irregular de la fuerza pública y una posible presión sobre dirigentes sociales para firmar documentación destinada a subsanar observaciones formuladas por el ente contralor.
De acuerdo con la denuncia, los hechos habrían ocurrido el viernes 20 de marzo, cerca de las 13:00 horas, cuando funcionarios de la Oficina Comunitaria de Carabineros se habrían contactado con un dirigente social de la Junta de Vecinos El Morro para gestionar la firma de documentos vinculados al denominado escándalo de los computadores y de las transferencias del GORE Tarapacá. Según el escrito, en el procedimiento habría intervenido un sargento junto a otro funcionario policial y una funcionaria del Gobierno Regional, en un contexto que el denunciante califica como amedrentamiento y desvío de funciones.
GORE
El caso se conecta directamente con el Informe Final N° 510, de 24 de diciembre de 2025, mediante el cual la Contraloría Regional de Tarapacá investigó las transferencias corrientes y rendiciones de cuentas del GORE correspondientes al período 2023-2024. En esa auditoría, el organismo examinó una muestra de 66 proyectos por más de $1.777 millones y detectó una serie de observaciones administrativas, entre ellas gastos aprobados sin respaldo suficiente, falta de fiscalización en terreno, proyectos sin rendiciones y falencias en la trazabilidad de notebooks entregados a organizaciones sociales.
Uno de los principales hallazgos del informe fue la observación de $58.362.020 en gastos aprobados y contabilizados por el GORE sin acreditación suficiente, debido a la falta de nóminas, actas de entrega, fotografías o documentos que permitieran acreditar la recepción conforme de bienes o servicios. Contraloría ordenó que el Gobierno Regional requiriera la restitución de ese monto dentro de plazo.
En paralelo, el caso de Comisaría Virtual fue uno de los focos más delicados del informe. La auditoría estableció que los proyectos 23401, para Iquique, y 23403, para Alto Hospicio, contemplaron la entrega de 120 notebooks por comuna, destinados a apoyar la alfabetización digital y el uso de la plataforma Comisaría Virtual. El proyecto de Iquique fue adjudicado por $80.896.700 y el de Alto Hospicio por $84.086.860.
Sin embargo, la validación realizada por Contraloría mostró que el objetivo del programa no se habría cumplido en los términos comprometidos. El informe señala que, al consultar a 25 entidades beneficiarias, 14 organizaciones indicaron que los equipos eran usados para actividades generales y no para la plataforma Comisaría Virtual, mientras que 10 dijeron no haber recibido capacitación o inducción asociada al uso del equipamiento o del sistema. La propia Contraloría concluye que ello “confirma el incumplimiento del objetivo del proyecto”.
A ello se sumó una observación particularmente grave sobre la trazabilidad del equipamiento. Contraloría constató que las facturas de compra de 240 notebooks por $132 millones no incluían el detalle del número de serie de cada equipo. Además, detectó que 34 de 225 actas de entrega no registraban marca ni modelo, que 67 actas no consignaban datos de módems ni tarjetas SIM, y que en 192 de 225 actas aparecía repetido el mismo número de serie, lo que, según el informe, impide verificar adecuadamente si los artículos adquiridos coinciden con los efectivamente entregados a las organizaciones beneficiarias.
El informe también consignó que hubo falta de respaldo respecto de 14 notebooks de Iquique, equivalentes a $7.700.000, monto que fue restituido por la entidad beneficiaria al GORE durante la etapa de respuesta al preinforme. No obstante, Contraloría advirtió que no se explicaron los motivos por los cuales esos equipos no fueron implementados en los proyectos, pese a que las facturas habían sido recibidas y aprobadas por el Gobierno Regional, ordenando incorporar esa materia al procedimiento disciplinario ya iniciado.
A ese cuadro se agrega otra coincidencia sensible con la denuncia: el informe detectó que dentro de los gastos observados por falta de acreditación suficiente figuran precisamente los proyectos de Comisaría Virtual, con $1.249.500 en el caso de Iquique y $5.857.220 en Alto Hospicio. Es decir, no solo existieron cuestionamientos sobre el uso final de los computadores, sino también sobre la documentación que respaldó parte de los gastos asociados a esas iniciativas.
La denuncia presentada este lunes sostiene que, en ese contexto, funcionarios policiales habrían intentado conseguir firmas de dirigentes sociales para “subsanar” observaciones del órgano contralor. En eso punto el propio informe deja establecido que el GORE recibió en noviembre de 2025 un preinforme de observaciones y posteriormente presentó una respuesta con antecedentes adicionales, algunos de los cuales permitieron subsanar parcialmente ciertas observaciones. También ordenó adoptar medidas concretas para regularizar procedimientos y respaldos pendientes.
En otras palabras, el proceso de subsanación existía formalmente. Lo que ahora quedaría bajo cuestionamiento, a partir de la denuncia del consejero regional, es la forma en que eventualmente se estarían obteniendo esos antecedentes. Si se comprobara que hubo presión sobre dirigentes sociales o utilización de funcionarios policiales para gestionar firmas en trámites administrativos, el caso podría escalar desde un cuadro de deficiencias graves de control interno a uno de eventual obstrucción, coacción o alteración del proceso de fiscalización.
El trasfondo del caso refuerza esa preocupación. En el mismo Informe 510, Contraloría observó que el GORE presentaba ausencia de fiscalizaciones en terreno en 32 de las 66 iniciativas examinadas, además de otras debilidades de control, como la falta de datos de contacto de beneficiarios y procedimientos de revisión insuficientes. Es precisamente esa fragilidad estructural la que vuelve especialmente sensible cualquier denuncia de recolección posterior de firmas o respaldos.
Por ahora, la denuncia abre una nueva fase en el caso. Ya no se trataría solo de las irregularidades detectadas por la Contraloría en la ejecución y rendición de proyectos financiados con recursos públicos, sino también de la eventual presión ejercida sobre dirigentes sociales en medio de la respuesta institucional a esas observaciones. Lo que está en juego no es únicamente la legalidad de determinados respaldos, sino también la integridad del proceso de control y la confianza pública en la forma en que las autoridades enfrentan las auditorías cuando los recursos comprometidos corresponden a fondos regionales destinados a organizaciones de base.
Declaración de Carabineros
Desde Carabineros de Chile indicaron que no se referirán al tema, atendido que se trata de una investigación en curso.
Declaración del GORE Tarapacá
El Gobierno Regional de Tarapacá señaló que actualmente se encuentra colaborando con las organizaciones ejecutoras de iniciativas financiadas con recursos regionales, con el objetivo de subsanar las observaciones formuladas por la Contraloría General de la República. En ese marco, indicó que el trabajo apunta a acreditar documentadamente el uso efectivo de los notebooks por parte de las entidades beneficiarias, detallando el número de serie de cada equipo, la organización a la que fue entregado y el uso público que se dará a dichos implementos, conforme a lo instruido por el ente contralor.
Junto con ello, el GORE desmintió categóricamente la versión entregada por el consejero regional Luis Milla respecto de un eventual uso de vehículos policiales o escoltas para fines institucionales, calificando esas afirmaciones como falsas y acusando una utilización irresponsable de Carabineros de Chile con fines políticos.
Finalmente, el Gobierno Regional afirmó que continuará apoyando la correcta ejecución de los proyectos e iniciativas financiados con recursos FNDR, fortaleciendo a las organizaciones sociales y procurando que los beneficios de la inversión pública lleguen efectivamente a la comunidad.
