Cientista Político y Administrador Público
Universidad Tecnológica Latinoamericana
La desprolijidad del Estado no siempre se nota en los grandes discursos; aparece en los detalles. En formularios mal diseñados, en controles que llegan tarde, en incentivos torcidos y en esa vieja tentación de administrar con “confianza” lo que en realidad exige diseño, auditoría y trazabilidad.
En Chile, bajo el gobierno de Gabriel Boric, esa desprolijidad ha tenido dos vitrinas brutales: el Caso Convenios y el Pase Cultural. Dos políticas distintas, un mismo patrón: dinero público corriendo más rápido que el control público.
El Caso Convenios
El “trato directo” se transformó en autopista de recursos. No es solo un escándalo, es un síntoma. El Ministerio Público investiga cientos de convenios que suman $89.961.933.591 en transferencias, más del 85% provenientes de gobiernos regionales.
La palabra clave es patrón. No hablamos de errores aislados, sino de formas repetidas de operar. La propia investigación periodística habla de “patrones comunes” que permitieron defraudar al Estado.
La Contraloría, en su reporte de hallazgos 2024–2025, objetó $303.056.411.351 en gobiernos regionales. Allí aparecen señales típicas de ingeniería para eludir control, como separar iniciativas similares en convenios distintos, diluyendo la fiscalización y fragmentando responsabilidades. Cuando el sistema lo permite, se repite; cuando lo incentiva, se multiplica.
El Pase Cultural
Una buena idea con una ingeniería vulnerable. El objetivo es noble: ampliar acceso a la cultura. En 2025 se destinaron $15.630 millones para 312.600 personas, con un aporte de $50.000 por beneficiario.
El problema no es el objetivo, sino el diseño. A fines de enero de 2026, un reportaje mostró cómo el beneficio podía transformarse en dinero libre: comprar en un comercio autorizado, anular y pedir reembolso, quedando el dinero depositado sin restricciones. También hubo testimonios de uso en locales nocturnos y otros gastos ajenos al propósito cultural.
El Ministerio de las Culturas presentó denuncias ante el Consejo de Defensa del Estado, pero la expansión del programa en 2026 lo hace más grave: se proyecta beneficiar a 533.419 personas, con un gasto de $26.670.950.000. En vez de cerrar la brecha, se amplía la escala.
El modelo chileno se inspiró en el Bono Cultural Joven de España (2022), que entregaba €400 a jóvenes de 18 años. Allí los problemas fueron advertidos desde el inicio: barreras digitales, riesgo de fraude y necesidad de gestión tecnológica específica. Chile copió el espejo, pero no aprendió de él.
El hilo común
El Estado administrando “a la rápida”, improvisando sobre la marcha. Tanto el Caso Convenios como el Pase Cultural comparten la lógica de transferir recursos con controles débiles y recién después perseguir el daño. Se confunde política pública con pago rápido, olvidando que el Estado no solo debe llegar: debe llegar bien.
La desprolijidad no es un detalle estético, es una falla estructural que cuesta dinero, confianza y legitimidad. Cuando la ciudadanía ve que siempre hay alguien que aprende a “hackear” el sistema antes de que el sistema aprenda a protegerse, el mensaje es devastador: el Estado no está diseñado para cuidar la plata pública, sino para que sea fácil perderla.
Y esa plata no es abstracta: es la de quienes madrugan, pagan impuestos y cumplen. Cuando se escurre por rendijas que nadie selló, no se rompe solo una planilla: se rompe un pacto.
Lo más triste es el mensaje que queda: al ciudadano se le exige todo —filas, claves, requisitos—, pero al sistema se le perdona lo esencial: el rigor. Así la confianza se agrieta y la gente se pregunta con amargura: “¿y a quién le importa?”.
La tragedia no es solo el dinero perdido, sino lo que se va con él: la idea de que lo público se cuida. Porque un país no se desgasta solo por falta de recursos, sino por falta de responsabilidad con lo común.
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