La figura política de Jovino Novoa fue gravitante en el Chile de los 70 hasta hasta el 2015, cuando el caso “Penta” lo obligó al retiro de la vida partidaria.
Colaborador estrecho de la dictadura de Augusto Pinochet, luego parlamentario fue uno de los referentes del partido del orden, donde la ex Concertación se acomodó muy bien.
Dos casos marcaron la vida personal y política de Jovino Novoa, uno de los “coroneles” del gremialismo que incubó Jaime Guzmán en los años sesenta, que fueron dos casos judiciales. El primero una trama para serie de Netflix que lo involucraba abusos sexuales a menores y drogas, además una condena en el caso “Penta”, donde fue el primer condenado por financiamiento irregular en campañas.
2003 Caso Spiniak
En septiembre de 2003 estalló el «caso Spiniak» luego de que la entonces diputada Pía Guzmán (RN) hablara de una red de pedofilia que involucraba a otros parlamentarios. Una joven llamada Gema Bueno consideraba la prensa de la época como «testigo clave», prendió la mecha de las sospechas.
Bueno afirmó que fue secuestrada por varios meses en una casa del empresario Claudio Spiniak, diciendo que había sufrido vejámenes sexuales por parte del entonces senador, Jovino Novoa.
La testigo clave tenía en ese año 20 años y su historia fue parte de la crónica policial-política, que se derrumbó cuando quedó acorralada por el avance de la investigación y terminó por desdecir su historia.
Gemita Bueno fue condenada a cuatro años de pena remitida por falso testimonio.
Caso Penta
En el año 2015 Jovino Novoa fue el primer político en ser condenado por financiamiento irregular de campañas, luego de haber sido involucrado en el caso de fraude al Fisco por parte de Empresas Penta, mediante la emisión de facturas y boletas ideológicamente falsas.
Luego de meses de investigación, se dictó la primera sentencia en el caso a Jovino Novoa, quien se había acogido a un procedimiento abreviado.
El “coronel” tuvo que cumplir una pena remitida de 3 años y no fue a la cárcel, pero sí quedó imposibilitado de ejercer cargos públicos. Además, se le impuso una multa por unos $10 millones.
