WERNER KNUST*
Según información enviada por Iquique Terminal Internacional (ITI) a todos los agentes de carga, la congestión en el Puerto de Iquique llega a un 95%. Por este motivo se dispuso el despacho de todos los contenedores y automóviles, con el objetivo de acelerar y normalizar los servicios operativos.
Estos antecedentes no pueden pasar desapercibidos por la autoridad, ni menos para los afectados: agentes de carga y cliente finales. El tema cobra una relevancia país cuando la Empresa Portuaria de Iquique (EPI), decretó al Puerto de Iquique “en estado de congestión”.
Esta declaración por parte de la EPI, no es solo una manifestación de una realidad, sino que una problemática que está trascendiendo y tomando ribetes críticos.
Los costos por sobreestadía de los contendedores, debido al Paro del Puerto de Iquique que duró más de 20 días, sumado a factores logísticos de la EPI, han hecho que los rezagos de carga y el sacar los containers, sumen costos altísimos. Esto, ya que las navieras traspasan el costo de las sobreestadías a los agentes de carga y éstos deben asumir la merma con el fin de no perjudicar al cliente final.
El Estado debe asumir que lo está pasando en Iquique es crítico. Los altísimos precios de sobreestadía, el rol de las navieras de no asumir los costos y la desprotección hacia el cliente final que vería incrementado el acceso hacia productos importados, son antecedentes que deben hacer reaccionar a la autoridad.
