La Contraloría General de la República remitió un oficio a 232 municipalidades para que informen sobre los descuentos aplicados a los docentes que participaron en el paro nacional del Colegio de Profesores. La medida ha generado indignación en el gremio, que acusa una «operación política» para debilitar el derecho a la movilización.
El documento enviado por Contraloría recalca que la ausencia de los docentes por adherir a una paralización no autorizada debe traducirse en descuentos proporcionales en sus remuneraciones. Sin embargo, desde el Colegio de Profesores, su presidente Mario Aguilar ha denunciado que esta acción busca desincentivar la protesta y castigar a quienes defienden mejoras en la educación pública.
El impacto de la medida no ha pasado piola. Mientras algunos sectores valoran la fiscalización del uso de recursos públicos, otros advierten que esta decisión contradice convenios internacionales que protegen el derecho a huelga. En el ámbito político, figuras como la senadora Yasna Provoste (DC) y la diputada Marcia Raphael (RN) han llamado al diálogo, defendiendo la legalidad del oficio pero instando a una solución que no afecte a los docentes.
El paro nacional, que se enmarca en la «agenda corta» del gremio, busca respuestas concretas en temas como titularidad, carrera docente, mejoras en los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), agobio laboral y reconocimiento del rol del profesor jefe. Ante la falta de avances, el Colegio de Profesores no descarta convocar a un paro indefinido si no se logran acuerdos.
La Contraloría, por su parte, ha dado un plazo de cinco días hábiles para que los municipios entreguen la información requerida. Mientras tanto, el gremio docente sigue en pie de lucha, defendiendo su derecho a movilizarse sin represalias.
