Osvaldo Ardiles Álvarez, seremi Bienes Nacionales
La reciente Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric puso en evidencia un aspecto muchas veces invisibilizado pero crucial para el desarrollo territorial: la gestión del Ministerio de Bienes Nacionales. En un país como Chile, donde gran parte del territorio es fiscal, en especial Tarapacá que posee más de un 90% suelo fiscal, el uso y administración de esos bienes no es solo una cuestión burocrática, sino una oportunidad concreta para avanzar en justicia, equidad territorial y desarrollo sostenible.
En este sentido, los avances mostrados por el ministerio en Tarapacá, son dignos de ser destacados. La restitución de más de 14 mil hectáreas a la Comunidad Indígena Chusmiza Usmagama, que representa un cumplimiento del 98,6% del acuerdo suscrito con el Estado, no es solo un acto de reparación histórica, sino un gesto político potente que reconoce el derecho ancestral sobre la tierra. Es también una señal clara del compromiso del gobierno con los pueblos originarios.
En el marco del Plan de Emergencia Habitacional, la transferencia de terrenos fiscales al SERVIU y la declaración de 642 hectáreas como aptas para viviendas sociales al cierre de 2024, permiten mirar con esperanza la posibilidad de abordar el déficit habitacional desde una mirada intersectorial y descentralizada para las administraciones venideras. En zonas como Alto Hospicio, la regularización de más de 450 casos gracias al convenio con el municipio es un ejemplo de cómo la colaboración territorial puede traducirse en resultados concretos.
Otro elemento no menor es la restitución de terrenos ocupados ilegalmente. Con más de 450 hectáreas recuperadas, y nuevos planes para continuar en sectores como El Tamarugal, el ministerio deja claro que la recuperación del territorio fiscal es una estrategia para ordenar el territorio, prevenir que inescrupulosos lucren con las necesidades de los más pobres y devolver el uso público tierras que deben servir al bien común.
La administración de bienes fiscales también da señales de una política que combina desarrollo económico con sentido público. Desde los 208 arriendos y concesiones gestionadas hasta la entrega de terrenos para escuelas modulares y un proyecto de reutilización de desechos textiles en Pampa Perdiz, se configura una cartera con mirada multifuncional, capaz de equilibrar inversión privada, necesidades sociales y sostenibilidad ambiental.
Mención aparte merece la dimensión patrimonial. La instalación de más de 25 señaléticas y la proyección de otras 20 para este año, sumadas a proyectos emblemáticos como el cierre perimetral del ex Hospital de Pisagua y la accesibilidad a la Fosa de Pisagua, marcan una voluntad política por cuidar la memoria histórica y reconocer el valor simbólico de estos sitios. En tiempos donde el negacionismo y el olvido siguen rondando, proteger estos espacios es una forma concreta de ejercer memoria activa y dignidad.
Lo proyectado para el período junio 2025 – mayo 2026 no baja la intensidad. La intervención en Mamiña, con aplicación de fichas territoriales, talleres de prevención y cerca de 100 casos de regularización proyectados, indica que el ministerio no piensa abandonar su rol en la resolución de la informalidad y el abandono territorial.
En suma, lo que hemos visto es un Ministerio de Bienes Nacionales que ha dejado de ser solo el «dueño» del territorio fiscal y se ha transformado en un articulador de políticas públicas territoriales. Una institución que entiende que administrar tierras no es solo repartir metros cuadrados, sino construir justicia espacial, memoria, vivienda, desarrollo y dignidad. Un camino que no debe interrumpirse, sino profundizarse.
