La dictadura en Chile, liderada por Augusto Pinochet desde 1973 hasta 1990, dejó una profunda huella en la historia del país. Durante ese período se impusieron, mediante la fuerza, políticas económicas neoliberales que transformaron radicalmente la estructura económica y social de Chile. Estás políticas llevaron a una serie de crisis económicas y sociales en la década de los 70’s y 80’s.
Entre 1973 -77, Chile experimentó una crisis económica marcada por la inflación descontrolada y una caída en el crecimiento económico. Esta crisis, en parte, fue el resultado de la liberalización de la economía, la eliminación de los controles estatales sobre los precios y la inversión. La privatización de la empresa estatal y la apertura de la frontera a las mercancías extranjeras que quebraron las industrias nacionales, dejando a miles de chilenos sin fuente laboral y dándole la bienvenida al sobre endeudamiento. Si bien estas medidas pretendían fomentar la inversión extranjera y la eficiencia económica, generaron una creciente desigualdad y dificultades para la mayoría de la población. Siendo una cantidad muy limitada de familias las que se beneficiaron de todas estas políticas.
En 1982, Chile enfrentó la crisis económica y social más dura de los 17 años de dictadura, la que estuvo relacionada con la deuda externa y la caída de los precios del cobre, uno de los principales productos de exportación del país. La dictadura había acumulado una deuda significativa y había hecho inversiones arriesgadas que dejaron a la economía vulnerable a las fluctuaciones del mercado internacional. El dólar en 6 meses subió de 39 a 70 pesos, bancos como el de Talca, Linares y de Fomento de Valparaíso quebraron, la cesantía se disparó y en 1983 alcanzamos nuestro más triste récord histórico, teniendo un 44% de nuestros compatriotas viviendo en la pobreza y un 22% de estos viviendo en la extrema pobreza. Dos sueldos mínimos no permitían alimentar a una familia, el té se compraba de a bolsitas y Lucia Hiriart, esposa de Pinochet, enseñaba a cocinar con cáscaras de verduras y cuescos de frutas en las juntas de vecinos de un Chile con hambre.
Con la vuelta a la democracia en la década de los 90, el Estado de Chile se embarcó en un proceso de reformas y políticas sociales destinadas a abordar la desigualdad y las secuelas sociales económicas de la dictadura, se crea el Ministerio de Planificación y Cooperación cuya principal misión era coordinar iniciativas para la erradicación de la pobreza. Así junto a la creación del ministerio nace el Fondo de Solidaridad e Inversión Social FOSIS bajo tres iniciativas: Alimentación a menores y ancianos a través de las organizaciones de Ollas Comunes; Micro riego campesino; y Capacitación y formación laboral de jóvenes.
Junto con él y a lo largo de las décadas nacen diferentes organismos públicos: 1991 Instituto Nacional de la Juventud INJUV; 2000 Corporación Nacional de Desarrollo Indígena CONADI; 2003 Servicio Nacional del Adulto Mayor SENAMA; 2010 Servicio Nacional de la Discapacidad SENADIS; 2021 Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.
La administración estatal comenzó a jugar un papel más activo en la regulación económica y en la inversión en áreas como la educación, la salud y la vivienda. Estas políticas sociales contribuyeron a mejorar las condiciones de vida de muchos chilenos y a reducir la pobreza.
Ministerio de Desarrollo Social y Familia y sus servicios asociados han experimentado una transformación notable. Durante las primeras décadas de democracia, se centró en la creación de programas de asistencia social y la expansión de la red de seguridad social para abordar la pobreza y la desigualdad. Se implementaron políticas como Chile Solidario y programas de transferencias de efectivo condicionadas para ayudar a las familias más vulnerables.
En los últimos años, el enfoque ha evolucionado hacia una visión más integral de los derechos sociales. Se ha trabajado en fortalecer la educación, la salud y la previsión social. Además, se han promovido políticas de igualdad de género y diversidad, reconociendo la importancia de abordar las desigualdades en todas sus formas.
El Gobierno del presidente Gabriel Boric ha profundizado el enfoque en los derechos sociales y ha promovido en las políticas públicas la universalidad, atendiendo así a una necesidad manifestada por la ciudadanía, el cuidado de la clase media. Se están impulsado una serie de reformas, como la reforma tributaria para financiar programas sociales y la reforma de pensiones para mejorar la seguridad financiera de los jubilados desde una perspectiva solidaria, entre otras medidas.
Hemos puesto énfasis en la participación ciudadana y la escucha activa de las demandas de la sociedad civil. Esto es fundamental para construir políticas sociales efectivas que realmente aborden las necesidades de la población.
Siendo el Sistema Nacional de Cuidados una política eje que ha desarrollado e impulsado el gobierno, la cual reconoce un trabajo o labor históricamente invisibilizadas. El SNC destacará el rol que cumplen las personas cuidadoras en nuestra sociedad, las apoyara con capacitación y empleo formal, mejorando de esta forma las condiciones laborales para las y los trabajadores del cuidado, e impulsando economías locales bajo una perspectiva feminista y de justicia económica.
