La Delegación Presidencial de Tarapacá está considerando iniciar acciones legales contra el consejero regional Luis Milla, quien, durante una entrevista en Radio Paulina, insinuó que autoridades locales podrían estar involucradas en el narcotráfico.
El pasado miércoles, en el programa de la mencionada emisora, Milla cuestionó la seguridad en el sector de la exFeria Coliseo y expresó: “¿Quién me asegura a mí que la Delegada Presidencial, la seremi de Seguridad, el capitán Erick Marchant o el hipócrita que habló antes contigo, que apareció en medio nacional (Sic.), ¿quién me asegura a mí que ellos no son parte de la importación de cocaína y pasta base de Bolivia?”.
Ante estas declaraciones, la Delegación Presidencial emitió un comunicado en el que calificó las acusaciones de Milla como infundadas y de extrema gravedad, especialmente en el contexto de los recientes hechos delictuales registrados en el centro de Iquique.
“Como Delegación Presidencial Regional de Tarapacá, entendemos plenamente la preocupación de la comunidad, especialmente de los vecinos y dirigentes del sector céntrico de nuestra ciudad, donde en menos de tres días se registraron tres hechos delictuales que deben ser investigados y sancionados con el máximo rigor”, señala el comunicado. Asimismo, la entidad subrayó que el gobierno está tomando medidas para esclarecer estos incidentes.
“En este contexto, rechazamos categóricamente los dichos del consejero Luis Milla, quien, en un medio de comunicación, realizó insinuaciones temerarias que rozan la calumnia, sugiriendo sin pruebas supuestos vínculos de autoridades regionales con el narcotráfico. Estas afirmaciones no solo son falsas, sino que irresponsables y peligrosas”, añade la declaración pública de la Delegación.
Además, el comunicado enfatiza la importancia de la responsabilidad en el ejercicio de cargos públicos: “En democracia es legítimo opinar, discrepar y fiscalizar, pero no se puede tolerar que un cargo de elección popular utilice su posición para instalar teorías conspirativas sin sustento, dañando la honra de las personas y socavando la fe pública”.
Por último, la Delegación Presidencial anunció que está evaluando la posibilidad de llevar el asunto ante la justicia: “De igual forma, en atención a la gravedad de las imputaciones, se evaluará el ejercicio de acciones legales por posibles delitos de injurias y calumnias, con el objeto de resguardar la integridad moral de los funcionarios aludidos y proteger el respeto institucional que el país merece”.
