El gobierno de Javier Milei presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal para prohibir la difusión de audios atribuidos a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, presuntamente vinculados a un escándalo de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Esta medida, que alcanza a medios de comunicación y usuarios de redes sociales, ha sido interpretada como un grave atentado contra la libertad de prensa y de expresión. La acción judicial, impulsada por el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich, busca censurar la publicación de estas grabaciones, calificadas por el oficialismo como parte de una «operación de inteligencia ilegal» destinada a desestabilizar al gobierno en un contexto electoral.
El juez federal Alejandro Patricio Maraniello dictó una medida cautelar que ordena el «cese inmediato» de la difusión de los audios, prohibiendo su reproducción en medios escritos, audiovisuales y plataformas digitales. Además, se emitió un oficio al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) para garantizar el cumplimiento. Esta decisión ha generado una fuerte controversia, con críticas de periodistas, organizaciones de prensa y sectores opositores que denuncian un intento de silenciar a la prensa y restringir el derecho a la información.
Periodistas Querellados
La denuncia del gobierno apunta directamente a los siguientes periodistas y medios, acusados de difundir los audios: Mauro Federico, periodista que publicó los audios iniciales de Karina Milei y de Diego Spagnuolo, exdirector de ANDIS, en el canal de streaming Carnaval Stream. Federico ha denunciado en redes sociales que la medida busca encubrir un escándalo de corrupción.
Jorge Rial: Reconocido conductor y periodista que compartió nuevos audios de Spagnuolo en Radio 10, donde se mencionan a figuras como Diana Mondino, Sandra Pettovello y Karina Milei. Rial ha sido señalado como uno de los principales responsables de la difusión.
UN ATAQUE A LA LIBERTAD DE PRENSA
La prohibición de difundir los audios, que según el gobierno fueron grabados de manera clandestina en la Casa Rosada, ha sido calificada como un intento de censura que vulnera el derecho a la libertad de prensa garantizado por la Constitución Nacional y tratados internacionales. Organizaciones como el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) han expresado su preocupación, argumentando que la medida cautelar restringe el trabajo periodístico y el acceso de la ciudadanía a información de interés público. Los audios, que exponen presuntas irregularidades en la gestión de fondos de discapacidad, son considerados por muchos un elemento clave para el debate público, especialmente en un año electoral.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, defendió la denuncia, afirmando que no se trata de un caso de libertad de expresión, sino de una violación a la Ley de Inteligencia Nacional (25.520). Sin embargo, los periodistas querellados, Mauro Federico y Jorge Rial, han rechazado estas acusaciones, sosteniendo que su labor se enmarca en el derecho a informar. Federico, en particular, ha señalado que el gobierno busca «desesperadamente» ocultar un escándalo que involucra a figuras cercanas al presidente.
PERSECUSION
Este episodio, que combina una denuncia judicial con una medida cautelar de amplio alcance, plantea serias preguntas sobre los límites de la libertad de prensa en Argentina. La persecución de periodistas y la prohibición de difundir información sensible podrían sentar un precedente peligroso, afectando no solo a los medios tradicionales, sino también a la libre expresión en redes sociales, en un momento donde la transparencia y el acceso a la información son esenciales para la democracia.
