Camila Andrea Navarro Pino
Candidata a Consejera Regional
La elección del Gobernador Regional marcó un hito histórico para nuestro país en cuanto al actual debate sobre la descentralización del poder, la autonomía de las regiones y la participación de las comunidades en la toma de decisión de los territorios, sin embargo, este proceso está lejos de su conclusión. Sin duda, este nuevo episodio generará una dinámica regional inédita en cuanto a la gestión política y administrativa, puesto que se abre un escenario de posibilidades sobre el desarrollo y gobernanza del territorio. Así mismo, estos hechos, se entrecruzan con uno de los sucesos más importantes de la historia del país, como lo es el proceso constituyente, donde la discusión sobre estas temáticas puede llegar a ser determinantes para el futuro de las regiones.
Ahora bien, este proceso, no ha estado falto de obstáculos y contradicciones, debido a la existencia de un entramado de intereses y posturas que durante años han estado en disputa y que han entorpecido los avances sobre la descentralización. En este sentido, destacamos algunas de las aristas en cuanto a las dificultades que se presentan hoy, tanto en el panorama actual, como en los procesos venideros.
Una de ellas, corresponde al proceso de transferencia de competencias desde los ministerios al gobierno regional, lo cual podrá ser solicitado por los gobernadores y el consejo regional a partir del año 2022, permitiendo mayor independencia en torno a áreas como: i) Ordenamiento Territorial, ii) fomento productivo y iii) desarrollo social y cultural. Sobre esto, observamos la contradicción entre la búsqueda del fortalecimiento de la regionalización a partir de esta política y lo planteado en la ley que la sustenta, debido a que esta transferencia dependerá de la voluntad del ejecutivo y, por lo tanto, de la visión, urgencia y objetivos políticos del gobierno de turno. Esta situación perjudica el espíritu de este proceso y pone una cuota de incertidumbre, más aún cuando la transferencia de competencias, podrá ser rechazada, limitada en el tiempo o peor aún, revocada, entorpeciendo la gestión y los proyectos del gobierno regional. Estos hechos, se diferencian del panorama internacional donde, se destaca el ejemplo de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), quienes han materializado desde hace años la elección de sus autoridades regionales y la autonomía de competencias políticas y económicas, lo cual les ha permitido avanzar en la profundización de la democracia territorial de sus países.
Por otro lado, el engorroso camino del traspaso de competencias, trae al juego otra problemática importante en la figura del Delegado Presidencial, quien tiene la responsabilidad de ser el representante del Presidente de la República en la región, perpetuando la lógica centralista, en un cargo único a nivel internacional. En este sentido, se abre la posibilidad, en la puesta en marcha de la ley de fortalecimiento regional, a la duplicidad de competencias y, por tanto, a la fricción y disputa por la gestión política de la región y la coordinación de los servicios, lo que puede llevar a entorpecer las directrices y el trabajo del Consejo y el Gobierno Regional en torno al desarrollo del territorio.
Si bien el proceso de descentralización aún nos deja más dudas que certezas, es necesario recalcar que, al día de hoy, es un escenario abierto y, por lo tanto, apertura para nuestra región, la posibilidad de pensarnos y avanzar en el reconocimiento de necesidades, urgencias y caminos para el fortalecimiento y desarrollo de nuestras capacidades. Sin duda, el pertenecer a una de las zonas extremas del país, nos plantea desafíos que, para nuestra candidatura, se proyectan en ejes primordiales. Algunos de ellos son: la descentralización interna de nuestra región junto con la creación de un plan holístico intercomunal para la reactivación económica, articulación de una política regional que fortalezca una educación pública comprometida con el desarrollo del territorio, con miras a la inversión en innovación, ciencia y tecnología para el cambio de matriz productiva y energética, la visibilización de las problemáticas de infancias y juventudes, la integración de Tarapacá con el continente y su rol en los procesos migratorios, el fomento y desarrollo de una política cultural con identidad regional y la respuesta a las urgencias y demandas históricas sobre la temática de género y disidencias.
Esto último, es preocupante cuando en Tarapacá un 47,6% de las mujeres entre 15 y 65 años, han manifestado haber sufrido algún tipo de violencia en su vida, lo cual no incluye a quienes aún, por miedo, guardan silencio. Ante esto, vemos la urgencia de levantar una política regional en articulación con los municipios que aborde la problemática de la violencia machista que viven niñas y mujeres. En la misma línea, creemos que, así como esta temática y las otras ya mencionadas, deben discutirse bajo procesos transversales de participación ciudadana, especialmente hoy, donde la sociedad exige ser parte de un desarrollo territorial colaborativo. Tomando en cuenta lo anterior, planteamos la necesidad de trabajar en la realización de un diagnóstico integral que contemple las demandas significativas de nuestra región y las posibles estrategias para enfrentar estas situaciones, con la participación directa de los actores y actrices involucrados. Esto, como un sello de nuestra gestión.
Indudablemente, la discusión en la región de Tarapacá sobre el proceso de descentralización y sus repercusiones, requiere visión de futuro acompañada de una mirada comprometida, rigurosa y participativa de la comunidad y sus autoridades. Los desafíos del siglo XXI en cuanto al desarrollo, exigen una mirada clara frente a temas como: áreas de inversión, innovación, el medio ambiente, cultura, entre otras y debemos ser los propios habitantes del territorio quienes definamos estos debates. Es por esto, que llamamos al pueblo y a sus organizaciones sociales y políticas, a tomar las banderas de la descentralización e impregnar el proceso de autodeterminación territorial en clave de soberanía popular.
