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La detención de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco remeció el mundo judicial y político, porque no es común ver a una exintegrante del máximo tribunal enfrentando una orden de arresto. La aprehensión se concretó por instrucción del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, en el marco de la investigación conocida como caso “Muñeca Bielorrusa”, donde la Fiscalía Regional de Los Lagos indaga presuntos delitos de cohecho y lavado de activos.
En términos simples, el Ministerio Público sostiene que Vivanco habría intervenido en causas en las que, según la investigación, debía inhabilitarse. El punto más delicado es que se investiga si esas intervenciones habrían estado vinculadas a pagos o beneficios económicos, lo que configuraría cohecho. Y como esos eventuales recursos habrían sido reintroducidos al sistema financiero, la fiscalía también indaga un posible lavado de activos.
La Corte Suprema, antes de que se emitiera la orden de detención, acogió una querella de capítulos que permitió abrir la vía penal. En ese documento, el propio tribunal señaló que las imputaciones tenían seriedad suficiente como para autorizar la investigación formal.
La detención se realizó en su domicilio en Las Condes, con personal del OS7 de Carabineros y bajo la supervisión del fiscal Marco Muñoz. Ahora, Vivanco deberá enfrentar su formalización, donde la fiscalía detallará los cargos y los antecedentes que motivaron esta medida.
En resumen, el motivo central de la detención es la sospecha de que, mientras era ministra de la Corte Suprema, habría recibido pagos por intervenir en causas judiciales y luego habría intentado dar apariencia de legalidad a esos fondos. La investigación recién entra en su fase más intensa, y será el tribunal el que determine si las imputaciones se sostienen o no.
