Una solicitud para que la Contraloría General de la República y Carabineros indaguen los procesos de licitación y adjudicación de bienes y servicios al interior del Centro de Análisis Criminal (CAODI) de la zona norte, formuló el diputado Renzo Trissoti, tras recibir antecedentes de una serie de anomalías.
El parlamentario señaló que durante el 2015, se realizaron diversas compras destinadas a cubrir requerimientos de indumentaria, como por ejemplo, pantalones tácticos, calzado, entre otros, para los funcionarios del OS- 7 de Carabineros desde Arica hasta Coquimbo, proceso que fue adjudicado a la Importadora y Comercializadora SUGA SPA, creada por la esposa del oficial que estuvo a cargo de las licitaciones y que en esa época desarrollaba funciones como jefe de análisis criminológico del CAODI, el capitán César Figueroa. “Estos antecedentes son sumamente graves y deben ser investigados, ya que no sólo constituirían el delito de negociación incompatible, sino de que existe una planificación para enriquecerse de manera ilícita. He solicitado además, que se indague la conformación de distintas empresas que se les han comprado bienes y servicios con el fin de establecer nexos con funcionarios de Carabineros”, precisó.
La información pública ligada a estas licitaciones, figura en el portal de mercado público algunas asignadas a la Importadora y Comercializadora Suga SPA. Se trata de las licitaciones 3051-9- L115 y 3372 – 71 – L115, con órdenes de compra emitidas por Carabineros de Chile y donde se involucran montos por más de $18 millones. Además, existen otras adjudicaciones que podrían haberse ejecutado como tratos directos o licitaciones cerradas, para las cuales emitieron otras cuatro órdenes.
Los servicios entregados fueron cobrados por dicha empresa a través de las facturas números 1, 2, 3, 5, 6 y 7, todas emitidas en noviembre del 2015. El total de los montos involucrados superaría los $40 millones. “Fuera de ello, se habría tratado de compras inútiles, debido a que una parte de la indumentaria no respondía a las condiciones de calidad ni las numeraciones requeridas por los efectivos policiales, por lo tanto, no las pudieron emplear. Por el bien de la institución esta es una situación que debe ser investigada”, subrayó Trisotti.
De acuerdo a los antecedentes recopilados, tras estos hechos y el cúmulo de reclamos de los propios funcionarios por la calidad de los productos adquiridos, que no cumplían con ninguno de los requerimientos, por ejemplo, para desarrollar trabajo en la zona altiplánica, el cuestionado funcionario recibió una amonestación verbal de parte de su superior y, posteriormente, fue trasladado hasta la Región Metropolitana el año recién pasado.
En el portal de compras públicas la Importadora y Comercializadora SUGA SPA aparece con un domicilio registrado en la Avenida Tadeo Haencke 1115, departamento A- 32, de Iquique, misma residencia fiscal que se le asignó al funcionario en cuestión. Una vez que se iniciaron las quejas, la empresa habría modificado su representante legal, tratándose de una mujer de iniciales E.V.V. , quien a la fecha en que se produjeron las licitaciones y los cobros de las facturas, aparece en nóminas en Temuco, recibiendo beneficios de subsidios estatales y otros asistenciales por parte del municipio de esa ciudad.
