Al parecer, los medios tradicionales le han cargado la mano al caso fundaciones con la ahora diputada antofagastina Catalina Pérez, quien fue desaforada en un caso que investiga el destino de más de 400 millones de pesos en el caso «Democracia Viva». Mientras tanto, el otro parlamentario con menos cobertura mediática es el republicano Mauricio Ojeda, desaforado en el caso «Manicure», investigado por la Fiscalía por el destino de más de 700 millones de pesos destinados a capacitar a mujeres vulnerables de las comunas de Temuco y Padre Las Casas.
Las coberturas sobre ambos casos son desniveladas, cargando más la mano a uno de los diputados. Acá te explicamos con peras y manzanas cada caso.
Catalina Pérez
La Corte de Apelaciones de Antofagasta decidió desaforar a la diputada Catalina Pérez por su implicación en el caso «Democracia Viva». La investigación reveló acuerdos millonarios entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva, dirigida por su expareja Daniel Andrade, por un monto de 426 millones de pesos.
La Fiscalía argumentó que Pérez estaba al tanto de las gestiones y participó activamente en los fraudes reiterados. La pérdida del fuero parlamentario significa que ahora puede ser formalizada y enfrentar acciones legales.
La pena para Pérez dependerá de los delitos específicos por los que sea encontrada culpable en el caso «Democracia Viva». Si se le imputan delitos similares a los de Ojeda, podría enfrentar penas de prisión significativas, aunque la magnitud exacta dependerá de los detalles del caso y la gravedad de sus acciones.
Mauricio Ojeda
El diputado desaforado Mauricio Ojeda, exintegrante del Partido Republicano, está siendo investigado en la arista «Manicure» del caso «Convenios». Esta arista se centra en el destino de 730 millones de pesos transferidos desde el Gobierno Regional de La Araucanía a las fundaciones Folab y Educc para la capacitación de mujeres vulnerables en Temuco y Padre Las Casas. Sin embargo, estos cursos nunca se realizaron.
Ojeda es acusado de fraude al fisco reiterado, cohecho, soborno y lavado de activos. Se le atribuye haber gestionado financiamiento a través de préstamos con intereses y facilitado medios económicos para que las fundaciones pudieran seguir postulando a fondos públicos. Además, se señala que Ojeda habría recibido directamente parte de estos fondos fiscales.
Ojeda podría enfrentar una pena superior a los 10 años y un día de privación de libertad. La Fiscalía ha señalado que, incluso adoptando una postura prodefensa, la pena podría ser de al menos cinco años de cárcel efectiva.
