La caída de Manuel Guerra no es una anécdota dentro del mundo judicial. Hablamos de un exfiscal regional de Tarapacá hasta 2015 y luego fiscal regional Metropolitano Oriente, un cargo desde el cual manejó causas de alto impacto. Por eso su situación actual no solo sorprende: golpea fuerte.
Hoy está en prisión preventiva por orden del magistrado Guillermo Rodríguez, quien determinó que debía cumplir la medida en el anexo Capitán Yáber. Y el juez no dejó espacio para interpretaciones. En su resolución afirmó: “No es suficiente la colaboración para rebajar punitivamente una condena (…) hay un daño sistemático e irreversible a la confianza institucional del Ministerio Público”. Una frase que, viniendo desde el estrado, marca el tono del caso y el nivel de gravedad que le atribuye el tribunal.
La Fiscalía acusa a Guerra de ser parte de una red que operaba desde dentro, filtrando información y favoreciendo intereses privados. Los cargos son pesados: cohecho agravado, prevaricación administrativa y violación de secreto. Todo en el marco de su relación con el abogado Luis Hermosilla, con quien mantenía comunicaciones que, según los investigadores, revelan gestiones, favores y acceso a datos reservados de investigaciones en curso.
MOCITO
Los abogados querellantes lo llaman “mocito”, y no por humor negro. El término apunta a la supuesta disposición de Guerra para realizar encargos, mover piezas y entregar información útil para terceros, aprovechando su posición dentro del Ministerio Público. Una figura que, según la acusación, era funcional dentro de una estructura que mezclaba poder, contactos y acceso privilegiado.
