Por Rodrigo Vargas Briones, Seremi de Gobierno de Tarapacá
La entrada en vigencia en enero de este año de la Ley 21.591, de Royalty Minero, permitió al país contar con recursos frescos y directos para cada una de sus regiones. Esta iniciativa promulgada bajo el gobierno del Presidente Boric, puso término a una extensa tramitación en el Congreso Nacional y permitirá mejorar la calidad de vida de millones de familias de nuestro país.
Son más de 1.350 millones de dólares que esta ley permitirá recaudar a partir del año 2025. La mitad de estos recursos serán entregados a todos los gobiernos regionales a través del Fondo para la Productividad y el Desarrollo y la otra mitad al 90% de los municipios del país, mediante dos instrumentos: el Fondo de Equidad Territorial (comunas con mayor dependencia del Fondo Común Municipal) y el Fondo de Comunas Mineras (comunas con externalidades directas de la actividad minera). Mediante un mecanismo denominado Fondos Puente, el Ejecutivo pudo adelantar para el presente año a los municipios más de 93 mil millones de pesos, la mitad de los dineros a transferirse a partir del 2025.
En el caso de nuestra Región de Tarapacá, los recursos transferidos a todos los municipios durante el mes de abril, alcanzaron un total de $2.626.441.774, distribuidos entre el Fondo de Equidad Territorial (FET) y el Fondo de Comunas Mineras (FCM). Sólo las comunas de Pica y Pozo Almonte, fueron favorecidas con ambos fondos con 388 y 503 millones, respectivamente.
Si bien la ley señala que los recursos ¨serán de libre disposición y podrán utilizarse sin límites temporales¨, fortaleciendo la autonomía de los municipios, claramente éstos deben ser invertidos para cubrir las necesidades más apremiantes que se identifiquen en sus territorios, pudiendo para tal efecto construir plazas, instalar luminarias y/o cámaras de seguridad, arreglar calles, construir veredas, entre otras iniciativas. En ningún caso se podrán utilizar los recursos del royalty para servir a deudas contraídas por las administraciones municipales. En tal sentido, cada municipalidad deberá informar por mandato legal trimestralmente a la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) en qué se gastaron los recursos. A su vez, la Subdere deberá informar al Congreso el destino de los fondos.
Cabe recordar que las municipalidades beneficiarias son las que tienen la obligación de informar el uso de los recursos de estos fondos, limitando la función de la Subdere a recopilar dicha información y procurar el cumplimiento del objetivo de promover la inversión, el desarrollo y una mejor calidad de vida para las comunidades.
Precisamente, el segundo informe de la Subdere, de fecha 28 de octubre, muestra que en Tarapacá, del total de ambos fondos transferidos por el Royalty Minero a las municipalidades, se han ejecutado $421.685.874, destacando el 100% de la Municipalidad de Colchane. Por el contrario, las municipalidades de Iquique, Pica y Camiña, no reportan información presupuestaria asociada al Royalty, mientras que Alto Hospicio tiene un gasto asociado al FET de 13% y Pozo Almonte un 52% asociado al FCM. En notas de prensa sobre el tema, se señala que Subdere informará a la Contraloría General de la Republica sobre aquellos municipios que no reportaron sus modificaciones presupuestarias y ejecución de gastos asociados a la Ley 21.591.
A nivel nacional, de los fondos transferidos por el Royalty Minero a las municipalidades, el 37% han sido destinados a inversión; un 26% a bienes y servicios de consumo, un 20% a transferencias corrientes, un 11% en la adquisición de activos no financieros, un 5% en gastos de personal y un 1% en otras cuentas.
Actualmente se encuentra en su segundo trámite legislativo en el Congreso Nacional, un proyecto de ley que obliga a las municipalidades a incluir en su cuenta pública anual el uso y destinación de los fondos recibidos por el Royalty Minero, comunicando sobre la ejecución de estos en los proyectos y programas donde se hubiesen destinado, de manera de entregar tranquilidad a la ciudadanía sobre el buen uso de los recursos públicos, evitando eventuales casos de corrupción y verificando una destinación acorde a los propósitos de la Ley.
Es de suma importancia de cada municipalidad, en especial en regiones mineras como Tarapacá, hagan un buen uso de estos recursos que ya comenzaron a recibir y ejecutar. Así como también es vital que la destinación sea transparente y en concordancia con las necesidades de cada localidad. Ese es el llamado que hacemos, para que los avances del Gobierno, aprobados por el Congreso, afecten positivamente en la vida de todas y todos.