CRISTIAN JAMMET
El proyecto de ley anunciado por la presidenta Bachelet para fortalecer la democracia y transparencia constituye un paso importante en la dirección correcta, pues lo político como capacidad de la sociedad para “decidir sobre los asuntos de la vida en sociedad, de fundar y alterar la legalidad que rige la convivencia humana” (Bolivar-Echeverría, 1996), ha sido obstaculizada y contenida por una política elitista, de profesionales, pues, de igual forma que la economía liberal, la tendencia es la formación de verdaderos oligopolios políticos.
La política como la educación, son una metáfora de la sociedad, y una sociedad desigual tenderá a reproducir un ingreso desigual tanto a la política como a la educación. Por ello, todo anuncio destinado a regular el funcionamiento de estas instituciones que cuentan con recursos del Estado es un intento por limitar la hegemonía de la lógica de mercado en áreas estratégicas del país y aproximarnos progresivamente al ideal de la igualdad de oportunidades.
El riesgo radica en que el proyecto de ley que propone reducir el límite de financiamiento privado, y terminar con los aportes reservados, en un contexto de desigualdad estructural, sea otra norma que se “acata pero no se cumple”, pues el financiamiento privado que no entra por la puerta termina entrando por la ventana. Para ello, es necesario aumentar las penas a quienes infrinjan la ley, además de incrementar los instrumentos de fiscalización del servicio electoral como lo propone la Fundación Ciudadano Inteligente.
Por otro lado, el proyecto en cuestión debe equilibrar estas iniciativas anunciadas en transparencia con la profundización de la democracia interna de los partidos para la selección de los candidatos, con el objeto de fortalecer un vínculo entre la sociedad civil y la política, pues, a nivel institucional, los partidos políticos juegan un rol de “porteros” (gatekeepers) en los procesos eleccionarios, asegurando la entrada a las competencias electorales a algunos y bloqueándoselas a otros (FLACSO, 2006).
Si bien en Chile se celebran elecciones primarias, éstas son esporádicas y no obligatorias para todos los cargos, a diferencia de Costa Rica, Honduras, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela donde se encuentra establecido en las constituciones, legislaciones o estatutos de los partidos como mecanismo de selección de los candidatos (Barreda, 2003). Déficit democrático que constituye un problema para representación y coordinación de los intereses de los diferentes sectores que componen una sociedad de masas, producto de la sobre-representación de ciertos sectores, justamente aquellos con mayor capital político, económico, social y cultural.
El proyecto de ley anunciado debe ir acompañado de la promoción de primarias abiertas a la ciudadanía en la definición de las candidaturas de los partidos, como forma de “emparejar la cancha” en el ingreso a la política y contribuir con ello a disminuir progresivamente la desigualdad crónica en nuestro país. Hoy, casos como el de Iván Fuentes, Giorgio Jackson, Gabriel Boric, Camila Vallegos y Karol Cariola no superan el 4,16% del total de la cámara de diputados, para no hablar de la cámara alta, donde no existe representación vinculada recientemente a organizaciones de la sociedad civil.
