Cientista Político y Administrador Público
Universidad Tecnológica Latinoamericana
La crisis migratoria en Chile ya no es solo un problema humanitario; es un reflejo del fracaso absoluto de la clase política, de la incompetencia del gobierno y de la indiferencia de la comunidad internacional. Pero, sobre todo, es una evidencia del uso político y comunicacional de un problema que requiere soluciones reales y urgentes. Mientras miles de personas huyen del hambre, la violencia y la explotación, el gobierno ha hecho de la migración un eslogan de campaña, sin que exista acción alguna que detenga el descontrol en nuestras fronteras.
Hoy vemos a las autoridades promoviendo la creación de nuevos recintos, como el de Playa Lobitos, pero sin enfrentar el verdadero origen del problema: un descontrol migratorio que crece ante la inacción de un Estado paralizado, incapaz de respaldar a sus policías y fuerzas armadas para resguardar las fronteras. En términos de seguridad y salud, el gobierno actúa como un médico mediocre: trata los síntomas, pero ignora la enfermedad. La promesa de poner en práctica los protocolos de reconducción de manera inmediata fue una promesa incumplida más del oficialismo.
Estimados lectores, hoy las cifras generan un engaño y se oculta una realidad creciente:
Según datos de la Policía de Investigaciones (PDI), en 2021 se registró un pico de ingresos irregulares, alcanzando 56.586 casos. En 2024, esta cifra se redujo a 29.269, lo que representa una disminución del 48%. ¿Pero es esto un logro real? ¿O simplemente una manipulación estadística para maquillar la crisis y presentar «avances» inexistentes en la gestión migratoria?
Veamos los datos del Ministerio del Interior de 2021: se abrieron 52 causas por trata de personas, con 309 víctimas identificadas. ¿Pero cuántas víctimas quedan en la sombra? Según estadísticas de prevención del delito, solo un 32% de los delitos se denuncia. Esto significa que al menos un 67% de las víctimas jamás son contabilizadas. Aplicando esta misma lógica, podríamos estar hablando de más de 1.000 personas sometidas a esclavitud, explotación sexual, adopciones ilegales o tráfico de órganos. Pero el gobierno solo ve números, no personas.
Las redes de tráfico de personas operan con total impunidad, y mientras tanto, ¿qué hace el actual gobierno? Se limita a discursos grandilocuentes sobre «derechos humanos» mientras deja que las mafias se apoderen de nuestras fronteras.
Estimados lectores debemos ser críticos y reconocer el Fracaso de la Política Migratoria y la Complicidad de un Gobierno silente:
Los ingresos irregulares han cambiado de ruta, pero el problema persiste. En Colchane, en 2022 se registraron 25.647 ingresos, cifra que en 2023 bajó a 15.763, reflejando una disminución del 39%. Sin embargo, en Chacalluta, el panorama es otro: los ingresos aumentaron de 810 en 2022 a 4.519 en 2023, un alza del 458%.
Esto demuestra que la «reducción» del flujo migratorio es un espejismo. No hay una verdadera contención; lo que hay es un desvío de la crisis hacia otras rutas. Mientras algunos países cierran sus puertas, otros simplemente empujan a los migrantes hacia zonas más peligrosas. Es un juego perverso donde los gobiernos internacionales se lavan las manos y dejan que el problema se pudra en los países de tránsito como Chile.
El protocolo de reconducción firmado entre Chile y Bolivia en diciembre de 2024 debía entrar en vigencia en 60 días, inclusive el 27 de febrero del presente año se firmó el Protocolo entre ambos países el cual debió regir de inmediato, así lo dieron a conocer desde el gobierno. Pero los plazos se cumplen y la implementación sigue estancada. ¿Por qué? Porque quizás nunca hubo intención de aplicarlo de inmediato. Solo era otro anuncio vacío, una cortina de humo para calmar las críticas mientras el problema sigue creciendo.
Hoy somos testigos de la Farsa de la «Gestión» y la Indiferencia del Gobierno:
El gobierno ha demostrado una y otra vez que su prioridad no es la seguridad ni el bienestar de los chilenos, sino su imagen política. Durante meses, se habló de «avances» en la gestión migratoria, pero la realidad es que sus medidas fueron puro marketing.
Hoy, la «solución» del gobierno es abrir nuevos centros de refugiados en lugar de fortalecer la seguridad fronteriza y combatir el crimen organizado. La política migratoria de Chile es un monumento a la negligencia. No hay estrategias reales, no hay medidas eficaces, solo promesas vacías y parches mediáticos como ministros firmando protocolos en Santiago y La Paz. Mientras los políticos se dedican a culparse unos a otros, miles de personas siguen cruzando nuestras fronteras, muchas de ellas cayendo en manos de mafias que lucran con la desesperación.
El Estado tiene una responsabilidad ineludible. No basta con reaccionar con medidas superficiales. Se requiere una política migratoria eficiente, infraestructura adecuada y una cooperación internacional real. Pero, sobre todo, se necesita voluntad política para enfrentar la trata de personas y el tráfico de migrantes como lo que realmente son: crímenes de lesa humanidad.
Quiero cerrar esta columna con una reflexión final sobre La Política del Silencio y la Complicidad estatal:
Los derechos humanos no son un privilegio, son una obligación. Y cada vez que un gobierno decide ignorar esta crisis, está renunciando a su deber más básico: proteger la dignidad humana.
Quiero cerrar esta reflexión con las palabras de Elie Wiesel, sobreviviente del Holocausto y Premio Nobel de la Paz: «Juré nunca mantenerme en silencio cuando los seres humanos soportasen sufrimiento y humillación. Siempre debemos tomar parte. La neutralidad ayuda al opresor, nunca a la víctima. El silencio alienta al torturador, nunca al torturado.»
Hoy, el gobierno prefiere callar. Prefiere mirar hacia otro lado. Prefiere fingir que esta crisis no existe, porque reconocerla implicaría hacer algo al respecto. Y siempre es mejor perpetuar la esperanza que solucionar el problema. Pero el silencio no es neutral. El silencio es complicidad. Y hoy, el principal cómplice de la crisis migratoria en Chile es el propio gobierno.
