En una democracia seria, la información que el Ejecutivo entrega al Congreso no puede ser ambigua, y mucho menos falsa. Sin embargo, en Chile hemos cruzado peligrosamente esa línea. Esta semana, el subsecretario de Pesca, Julio Salas, entregó una cifra errónea o falsa ante la Comisión mixta en el congreso durante la tramitación de la polémica Ley de Fraccionamiento. Salas aseguró que el sector industrial solo extrajo el 61% de la cuota el año anterior, cuando la cifra real a nivel sectorial seria del 93%, e incluso la empresa Pacific Blu habría alcanzado un 99%. Esta desinformación fue entregada justo antes de una votación clave, —una afirmación determinante en el debate— que posteriormente se descubrió era falsa.
Esta no es una cifra irrelevante: se trata de un dato clave para justificar la redistribución de cuotas entre pesca artesanal e industrial. Varios parlamentarios solicitaron señalaron su molestia, señalando que se legisló sobre una base equivocada, algunos indicaron que más grave aún es que el ministro de Economía, Nicolás Grau, respaldó públicamente al subsecretario Salas, relativizando el error como una diferencia de «interpretación». El diputado Sergio Bobadilla afirmó que “aquí debe y tiene que renunciar el subsecretario y el ministro de Economía porque con la información que se entregó, se tomó una decisión que está afectando a miles de personas respecto de la estabilidad laboral en la región del Biobío, especialmente a mujeres”.
Dijo que no descarta “ninguna acción”, ya que la situación “no puede quedar impune”, añadiendo que el “engaño” llevó a tomar una decisión que afecta a miles de personas en el Biobío. Esto, en relación con el anuncio del cierre de la empresa Pacific Blu.
Pero esta no es la primera vez que se entrega cifras incorrectas. En octubre de 2023, desde gobierno aseguraron que los gobiernos regionales habían ejecutado un 98% de su presupuesto. La Dirección de Presupuestos (Dipres), sin embargo, reportaba una ejecución real de apenas 64,3%. Una diferencia de más de 30 puntos porcentuales. ¿Cómo se explica tal abismo? ¿Otra mala interpretación?
Lo cierto es que los errores de este gobierno en materia presupuestaria y fiscal no son hechos aislados. Bajo la dirección de Javiera Martínez, la Dipres ha acumulado múltiples cuestionamientos por su manejo deficiente de las proyecciones económicas. A fines de 2023, el propio Ministerio de Hacienda reconoció que los ingresos estructurales habían sido sobreestimados en más de un 15%. Esta proyección fallida provocó que se ajustaran programas y se recortaran partidas clave ya en ejecución.
Además, la ejecución presupuestaria final de 2023 cerró con una subejecución cercana a los 2,5 billones de pesos, lo que afectó gravemente programas en seguridad, salud, infraestructura y educación. Mientras tanto, la recaudación tributaria no solo no mejoró, sino que se vio estancada, presionando aún más las finanzas públicas. Para 2024, el presupuesto ya enfrenta un déficit operativo de más de US$ 2.000 millones, sin claridad sobre cómo se cubrirá sin afectar el gasto social.
Casos internacionales nos muestran que este tipo de errores tiene consecuencias reales. En 2012, el ministro de Finanzas griego George Papaconstantinou fue obligado a dejar su cargo tras falsificar cifras fiscales que empeoraron la crisis de deuda. En Irlanda, durante la crisis bancaria de 2008, varios altos funcionarios del Departamento de Finanzas y el Banco Central fueron removidos por entregar proyecciones irreales que ocultaban la magnitud del colapso. En Reino Unido, el ministro de Finanzas, Kwasi Kwarteng, debió abandonar su cargo en 2022 tras presentar un plan fiscal irreal. En Costa Rica, el ministro de Hacienda Rodrigo Chaves renunció tras reconocer fallos graves en la planificación presupuestaria del 2020.En democracias maduras, manipular o errar gravemente en cifras clave no es una anécdota: es causal de renuncia o solicitud del cargo.
Hoy en Chile no se han pedido renuncias. Ni Salas con un “error de Interpretación”, ni Martínez “exponiendo en el senado con un informe con 3 cifras distintas”, ni Grau con la mala frase “a las PYMES la inflación les trae beneficios”, han dado un paso al costado, a pesar de que sus errores impactan directamente en el debate legislativo y en la distribución de recursos públicos. La falta de consecuencias políticas frente a errores técnicos y falsedades explícitas nos habla de una preocupante normalización de la negligencia institucional.
La ciudadanía ya no acepta excusas. Exige rigor, responsabilidad y, por sobre todo, verdad. Porque cuando se manipulan las cifras públicas, no se está alterando un dato abstracto: se está afectando directamente la vida de millones de personas. Se juega con las pensiones de los jubilados, con el funcionamiento de hospitales, con los subsidios que sostienen a miles de familias, con los programas de seguridad y con la educación de nuestros hijos. Se juega con las viviendas, con la dignidad y con el futuro del país. Y cuando eso ocurre, lo mínimo que se espera es que alguien asuma el costo político con la seriedad que amerita.
Cierro esta columna con una advertencia que sigue vigente, pese a haber sido escrita hace más de dos mil años, por el general, estratega y filósofo chino Sun Tzu:
“Cuando se agotan los recursos, los impuestos se recaudan bajo presión. Cuando el poder y los recursos se han agotado, se arruina el propio país.”
Chile no puede seguir normalizando la improvisación fiscal ni los errores estratégicos encubiertos bajo tecnicismos. Se requiere un estándar más alto, porque en juego no están solo cifras: está el país entero.
