En pleno siglo XXI, mientras Chile se ufana de ser un país comprometido con los derechos humanos, pero en su propio territorio se encubriría una de las violaciones más brutales e inhumanas: la esclavitud infantil. El caso reciente de una niña boliviana de 8 años, vendida por su abuela por 350.000 pesos chilenos a un matrimonio boliviano que residía en Rengo y obligada a trabajar desde las cuatro de la mañana en condiciones infrahumanas, parece impresionar a moros y cristianos pero estimados lectores, lamento informarle que esto no es una excepción. Dolorosamente es parte de una realidad oculta, extendida y tolerada por omisión. Lo que es refrendado por el caso conocido este sábado 12 de noviembre donde otro niño vivía esclavizado en Iquique (Si en nuestra capital regional), la propia fiscal Paula Arancibia, Indico “lo dejaban durmiendo en el patio y lo obligaban a realizar acciones como lavar el auto o recoger excrementos de animales con la mano. No le dejaban entrar a la casa, salvo para hacer aseo; le privaban de agua y comida; y sus necesidades las hacía en bolsas, potes plásticos o botellas».
En la Macrozona Norte, particularmente en sectores rurales e interiores de las regiones fronterizas, se habla de trata de menores apátridas -niños sin identidad, sin documentos, ni lazos familiares- se ha convertido en un fenómeno sistemático. Se les conoce como «Niños de Servicio», una categoría que maquilla la esclavitud con un lenguaje cotidiano. Estos niños serían comprados, vendidos, entregados o arrendados para realizar labores domésticas, de pastoreo e incluso para ser explotados sexualmente. Vivirían en sectores de difícil acceso, aislados, sometidos y silenciados, sin voz, sin derechos, sometidos a una subsistencia infrahumana. Esta realidad, para el Estado chileno, parece, simplemente no existen.
Aún resuenan en mi cabeza la risa burlona de Verónica Silva Villalobos, Subsecretaria de la Niñez, al entrevistarla en su visita a Iquique, en el “Centro Tara-paka”, al preguntarle por esta realidad y las denuncias de arriendos de niños, su respuesta con una sonrisa fue “No nos podemos hacer cargo de mitos urbanos”, si, la subsecretaria de la niñez, (Existiendo denuncias en fiscalía de esto) negando una realidad que ocurre a vista a paciencia de todos al ver mujeres mendigando en el centro de nuestra urbe con “Guaguas Arrendadas”, medicadas para aparentar que duermen. Me pregunto estimados lectores, si uno de estos bebés muere de sobredosis, pero no existe registro de su existencia ¿muere realmente?
La realidad es aún más cruda. En Chile se han denunciado casos donde bebés y niños pequeños son arrendados por sumas que oscilan entre los $25.000 a $60.000 diarios, según reportes de medios, ONG y la propia Cámara de Comercio de Antofagasta que en voz de su presidenta Sara Cepeda, un 24 de septiembre de 2021, indicaba “Se trataría de familias de migrantes que han llegado a la zona y que utilizan a los niños para generar mayor sensibilidad a la hora de pedir dinero. Se pagarían entre 20 y 25 mil pesos por el arriendo de los menores. El procedimiento es la entrega de los menores en horas de la mañana, a cambio de dinero, donde recorren diversos sectores. En horas de la tarde son entregados a sus padres. La palabra arriendo es dura.” Sic, termina emocionada.
Mientras más pequeños, mayor es el «rinde económico» (nivel de recaudación), especialmente para la mendicidad. Estas prácticas están organizadas por redes delictivas transnacionales que actúan con total impunidad, al amparo de un sistema que carece de perspectiva y mecanismos de control efectivos.
Es absolutamente inaceptable que menores ingresen al país por pasos no habilitados, acompañados por adultos sin ningún tipo de vínculos familiares, sin que exista un protocolo estatal claro de protección, identificación y restitución de derechos de los menores. Chile, que abolió oficialmente la esclavitud un lunes 29 de diciembre de 1823, con la promulgación de nuestra primera constitución, esta señalaba «En Chile no hay esclavos: el que pise su territorio por un día natural será libre. El que tenga este comercio no puede habitar aquí más de un mes, ni naturalizarse jamás», hoy cerca de 202 años después, algunos casos sugieren que Chile volvería a tolerarla de manera solapada, disfrazada de informalidad migratoria, pobreza y omisión institucional. Nuestra actual constitución en su Artículo 19 numero 2 indica “En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre”, Se viola la constitución impunemente y a pocos parece importarles.
Según cifras de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), más de 56.000 personas ingresaron por pasos irregulares solo en 2021, muchos de ellos menores. La UNICEF ha alertado que en América Latina y el Caribe, 7 de cada 10 niños en movilidad tienen menos de 11 años, lo que evidencia su extrema vulnerabilidad ante el crimen organizado.
No es solo un tema de fronteras. Es un problema de voluntad política, de fiscalización débil, de sistemas de protección colapsados, de complicidad silenciosa, de falta de recursos y falta de responsabilidad política. Estimados lectores, el frio de la política y la forma en que se construye el futuro indica que “los menores de 18 años, no votan, si no se convierten en votos, para que invertir en un segmento que no traerá un beneficio político a corto plazo, hay que tener una mirada capitalista e invertir donde los recursos rindan frutos, lo inmediato”, suena frío, pero la mentalidad calculista de la política pequeña es así, gélida como el cero absoluto.
El Estado de Chile tiene la obligación -legal, ética y moral- de garantizar la protección de la infancia, sin excusas, sin subterfugios y sin dilaciones. Ya no bastan las declaraciones de buena intención, el pensamiento mágico, ni los convenios internacionales firmados. Se requieren acciones concretas, presupuesto, intervenciones territoriales serias y una política frontal contra las mafias que comercian con niños y personas como si se tratara de objetos.
Estimados lectores los Invito a hacer una reflexión, los niños no son objetos de renta ni mercancías para explotación. Son sujetos de derecho, merecedores de dignidad, amor y protección. La infancia es sagrada. Y cuando un país no protege a sus niños, renuncia a su humanidad más esencial.
Chile, y el mundo entero, deben entender que los derechos de los niños no se negocian, no se relativizan, no se invisibilizan. Donde un niño sufre esclavitud, hay un Estado que ha fracasado, en ese sentido, el estado de Chile fracasó.
Para cerrar esta columna, quiero citar al filósofo, músico y escritor Jean-Jacques Rousseau, quien afirmaba que “el estado de naturaleza lo pueblan buenos salvajes, que el ser humano es bueno y empático, porque si uno de esos salvajes ve a otro sufriendo, siente una inclinación natural a auxiliar”. Debería sernos imposible no conmovernos ante esta realidad. No sentir indignación frente al sufrimiento de niños explotados es, quizás, la señal más clara de que estamos perdiendo aquello que nos hace verdaderamente humanos: la capacidad de empatía, de solidaridad, de compasión. La naturaleza humana según Rousseau es “ser buenos, pacíficos y compasivos”. Si frente a esta brutalidad permanecemos indiferentes, es que hemos caído en la negación más cómoda o hemos perdido nuestra esencia… o, peor aún, ambas cosas.
