exfuncionarios de la municipalidad local, acusados como autores del delito continuado de malversación de caudales públicos. Se acreditó que ambos sustrajeron más de 180 millones de pesos desde las arcas municipales mediante la creación de cuentas falsas.
“Fue una investigación extensa y compleja, especialmente en lo relativo a la obtención de documentación bancaria. Sin embargo, gracias al trabajo conjunto de la Fiscalía y la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, logramos reunir las pruebas necesarias para acreditar que, entre 2014 y 2016, los dos exfuncionarios se concertaron para crear cuentas falsas. A través de ellas transferían dinero como si fuera el pago de sueldos a trabajadores que ya no prestaban servicios en la municipalidad, apropiándose de más de 180 millones de pesos”, explicó el fiscal Javier Gutiérrez, quien llevó adelante el juicio junto a la fiscal Virginia Aravena.
Durante el proceso, la Fiscalía y el abogado del Consejo de Defensa del Estado presentaron múltiples testimonios, incluyendo a funcionarios de la PDI que realizaron las diligencias, peritos especializados, además de abundante prueba documental y otros medios probatorios.
Según lo acreditado en el juicio, los condenados Rubén Rivera Tudela y Francisco Lizana Catalán —jefe de Administración y Finanzas, y director de Finanzas de la municipalidad, respectivamente— aprovecharon sus cargos para manejar las cuentas fiscales y la información del personal contratado. Con esos datos, idearon un mecanismo para desviar fondos mediante la apertura de cuentas vista a nombre de personas que habían trabajado en la alcaldía, pero que ya no estaban vinculadas a la institución.
Desde la cuenta municipal, transferían dinero a esas cuentas por el falso concepto de pago de sueldos, y luego retiraban los fondos desde cajeros automáticos, ya que mantenían en su poder las tarjetas asociadas. En total, lograron malversar $183.290.000.
La Fiscalía solicitó que ambos sean condenados a 15 años de presidio y al pago de multas equivalentes a 15 UTM.
La lectura de sentencia quedó fijada para el 11 de octubre.
