Una organización criminal transnacional que operaba desde Iquique, dirigiendo una red de trata de personas con fines de explotación sexual y laboral en diversas ciudades del país, fue desarticulada tras una investigación conjunta entre la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) de la Fiscalía de Tarapacá y la Policía de Investigaciones (PDI).
La operación, liderada por la fiscal Karem Gómez, junto a la Brigada de Trata de Personas de Iquique, permitió coordinar un allanamiento masivo en ocho ciudades, interviniendo 11 domicilios. Como resultado, fueron detenidos cuatro imputados—tres extranjeros y un chileno—y se identificó a 48 mujeres dedicadas al comercio sexual, de las cuales 10 fueron confirmadas como víctimas de trata. No se descarta que la cifra aumente conforme avancen las investigaciones.
«Lo relevante es que se realizó una investigación coordinada con otras regiones, especialmente con los equipos de la Unidad de Víctimas y Testigos del Ministerio Público, además de los fiscales de SACFI. Gracias a este trabajo, logramos desarticular una organización criminal con víctimas en diversas ciudades, como Iquique, Calama, Copiapó y Ovalle, entre otras», señaló la Fiscal Regional de Tarapacá, Trinidad Steinert.
Las investigaciones determinaron que la red era liderada por una mujer de nacionalidad peruana, quien años atrás había sido detenida y condenada por delitos similares. La imputada captaba mujeres extranjeras dentro y fuera de Chile con falsas promesas laborales, financiando su traslado y alojándolas en prostíbulos clandestinos en Iquique y otras ciudades.
El reclutamiento de víctimas se realizaba mediante engaño y aprovechamiento de su vulnerabilidad, sometiéndolas a coacción y control, imponiendo multas por viajes, comportamiento y otros conceptos.
Además, los imputados manejaban la difusión de servicios sexuales en plataformas virtuales, recibiendo pagos y trasladando mujeres desde el extranjero bajo la fachada de supuestas empleadas de marketing. Sin embargo, al llegar al país, eran obligadas a desempeñarse como administradoras de servicios sexuales.
Los cuatro detenidos fueron formalizados como autores de:
- Dos delitos de trata de personas con fines de explotación laboral.
- Siete delitos de trata de personas con fines de explotación sexual.
- Asociación ilícita especial para la comisión de estos delitos.
El tribunal acogió la solicitud de la Fiscalía y decretó la prisión preventiva para todos los imputados, estableciendo un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación.
