La insistencia en que combatían el contrabando, que les ha sorprendido su detención, que la permanencia en la cárcel ha sido un dolor para ellos y sus familias, fueron parte de los testimonios entregados por seis de los nueve funcionarios bolivianos detenidos en Alto Hospicio durante el desarrollo del procedimiento abreviado en el tribunal de garantía de Pozo Almonte.
Poco antes de la audiencia llegaron en dos carros celulares de Gendarmería los aduaneros y militares altiplánicos con escolta policial, además dentro y fuera del recinto se reforzaron las medidas de seguridad que incluyeron hasta el cierre de la calle donde se emplaza el tribunal. La audiencia se inició con el desestimiento de la defensa de pedir el sobreseimiento de la causa y el anuncio de un acuerdo entre las partes para un procedimiento abreviado.
La magistrada Isabel Peña preguntó a cada uno delos imputados si estaban de acuerdo con que se llevara a cabo el procedimiento abreviado en atención a los hechos de la investigación expuestos por la fiscalía, consulta a la cual los 9 detenidos contestaron de manera afirmativa.
La defensa de los imputados a cargo de los abogados Claudio Vila y Manuel Choque, rechazaron íntegramente la acusación y en una exposición que se extendió por más de una hora entregaron la versión de los funcionarios bolivianos de cómo sucedió el incidente en la frontera, insistiendo que se trataba de un grupo de aduaneros y militares que desarrollaban una operación para combatir el contrabando en su país, la cual había sido mandatada por el Estado.
CAMIONEROS
En esa línea, cuestionaron la idoneidad de los camioneros chilenos Sergio Arqueros y Roberto Castro, aduciendo que ahora enfrentan una querella por contrabando de parte de Aduanas y que uno de ellos, ha enfrentado condenas por delitos ligados al tráfico de drogas.
Asimismo, cuestionaron con informes de expertos y organismos bolivianos los peritajes realizados por Carabineros, entre ellos, el balístico. Con antecedentes proporcionados por la Dirección de Fronteras del país vecino, se buscó establecer que no había claridad respecto del lugar donde se encontraban los funcionarios bolivianos ejecutando la diligencia, producto de la existencia de un solo hito que marcaría la línea fronteriza y otro definido como sin número, acusando de falta de rigurosidad en los peritajes. Pidieron la absolución total de los cargos y en caso que se condene, se otorgue el beneficio alternativo al cumplimiento de la pena consistente en la expulsión de los imputados del país.
CONTRABANDO
Tras las intervenciones de las partes, algunos de los bolivianos detenidos hicieron uso de la palabra. El capitán de Ejército, Alex Carvajal, insistió en que luchaban contra el contrabando. “Eso era lo único que estábamos haciendo, luchando contra el contrabando que le hace mucho daño a mi país, que es una amenaza, un delito y que deberíamos aunar fuerzas ambos estados para combatirlo”.
A la salida de la audiencia, Marlene Ardaya, presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia, se hizo cargo de las discrepancias en torno al procedimiento adoptado por los funcionarios de ese organismo en la frontera, aduciendo que la normativa boliviana establece que con una inspección a simple vista se puede establecer si la mercancía incautada corresponde a un contrabando contravencional, es decir, con un valor inferior a las 200 mil UFV contempladas en el tributo no en el valor total de la mercadería. “Entendemos que la legislación chilena es distinta. No procedía de acuerdo a nuestra norma la detención de los involucrados, pues esta mercancía tiene un bajo valor, no es así cuando ingresan productos de línea blanca o línea negra. Cuando se trata de ropa usada la valoración es mínima”.
La magistrada dictará hoy su fallo y debido a la extensión de las penas solicitadas, en caso de ser condenados no se producirían inconvenientes para que fueran expulsados los 9 bolivianos del país.
