Cientista Político y Administrador Público
Universidad Tecnológica Latinoamericana
La reciente destitución de la senadora Isabel Allende por parte del Tribunal Constitucional (TC) ha sacudido el panorama político chileno. Este histórico fallo, que por primera vez en la historia de Chile, un Senador es cesado de su cargo por violar la Constitución Política de la nación, basado en la fallida venta de una de las casas de su padre, el expresidente Salvador Allende, ha puesto en tela de juicio la integridad de la senadora y ha generado tensiones dentro del oficialismo.
Pero estimados lectores, la vida política de la Senadora Isabel Allende, cuenta con un historial de controversias que lo invito a recordar:
Isabel Allende no es ajena a las polémicas. Hace 4 años, un 13 de noviembre de 2020, se reveló que su propiedad en Curacaví estaba exenta del pago de contribuciones, lo que generó críticas sobre posibles privilegios fiscales, donde la explicación fue la misma que la de hoy “Desconocimiento de la normativa” (Convengamos una base fundamental del Derecho, “Ley publicada se asume conocida por todos”).
Además, su nombre apareció vinculado a los casos de los falsos exonerados políticos, donde se cuestionó la entrega de 1.190 certificados a personas que no cumplían con los requisitos para recibir beneficios estatales. Aunque ella defendió su actuar, indicando que «Sólo di mi certificado en aquellos casos que me parecieron válidos» sic, un lejano 31 de mayo de 2013, estas situaciones han mermado su credibilidad.
Estimado lector, hoy el desconocimiento de la ley, vuelve a ser noticia tras la fallida venta de la casa de Guardia Vieja, pero revisemos algunos datos objetivos a considerar:
El intento de vender la casa de Salvador Allende por $993 millones de pesos al Estado para convertirla en museo, (que administraría la propia familia Allende) fue el detonante de su destitución. A pesar de que 17 abogados revisar el contrato y levantaron la inconstitucionalidad, por instrucciones del ejecutivo debieron visaron la compra (“Por un objetivo superior”), el TC determinó que la senadora violó el artículo 60 de la Constitución, que prohíbe a parlamentarios celebrar contratos con el Estado (“Algo que los empleados fiscales conocen y que los estudiantes de derecho aprenden en primer año”). Lo realmente preocupante es que, a pesar de las advertencias, el Ejecutivo insistiera en la adquisición. Además, se ha señalado que la familia Allende tasó la propiedad en tres ocasiones para obtener un valor superior al de mercado, lo que añade una capa de cuestionamiento ético al proceso si consideramos que la familia Frei dono la casa del Expresidente para convertirla en Museo.
Ahora los quiero invitar a que analicemos las repercusiones políticas y legales de la compra de la Casa de guardia vieja:
La destitución o cesación en el cargo de Isabel Allende ha generado una crisis en el Partido Socialista (PS), que ha puesto en «reflexión» su relación con el Gobierno. La presidenta del PS, Paulina Vodanovic, expresó su descontento por la falta de reciprocidad por parte del Frente Amplio, evidenciando tensiones internas en la coalición oficialista lo que pone en duda una lista única congresista o parlamentaria.
Esto abre una nueva arista judicial, el diputado Roberto Arroyo del Partido Social Cristiano evalúa presentar un requerimiento ante el TC contra el presidente Gabriel Boric por su implicación en la fallida compra de la casa de Salvador Allende, buscando determinar si el mandatario infringió la normativa constitucional, sumado a los dichos de la Presidenta del PS, Paulina Vodanovic, “estimamos indispensable que se asuma la responsabilidad política y administrativa de quienes debían velar por la correcta ejecución del acto administrativo” Sic, (04, Abril 2025) ¿Se referiría a la responsabilidad Política y Administrativa del Presidente Gabriel Boric?.
Estimados lectores, escuchando al Diputado Arroyo y a la Senadora Vodanovic me pregunto ¿Es prudente buscar la destitución del presidente Boric? Analicemos:
A solo siete meses de las elecciones presidenciales, la posibilidad de iniciar un proceso de destitución contra el presidente Gabriel Boric abre un complejo debate con implicancias tanto legales como políticas.
Desde la perspectiva jurídica, cualquier intento de remoción debe estar sustentado en pruebas claras y contundentes de una infracción constitucional. El Estado de Derecho exige que, si el presidente ha vulnerado la Constitución, debe ser juzgado y eventualmente destituido. De lo contrario, se corre el riesgo de abrir un precedente peligroso que debilite los principios republicanos y la institucionalidad.
Sin embargo, desde el ángulo político, una acción de tal envergadura podría acentuar las fracturas dentro del oficialismo, agitar el clima económico y social, y afectar gravemente la gobernabilidad del país. Además, dejaría vacante el cargo más alto del poder Ejecutivo durante once meses, lo que implicaría que la presidencia recaiga —por orden de sucesión— en el actual presidente del Senado, Manuel José Ossandón, quien no fue electo por voto ciudadano para ese rol, sino por acuerdo político interno. Esto podría generar una crisis institucional inédita desde los tiempos del presidente Juan Luis Sanfuentes en 1919.
Estimados lectores, la destitución de Isabel Allende es un recordatorio de la importancia de la ética y la transparencia en la función pública. Las acciones de los líderes políticos deben estar alineadas con los principios constitucionales y el bienestar ciudadano. Es fundamental que el Gobierno y sus coaliciones reflexionen sobre sus decisiones y trabajen en reconstruir la confianza pública, evitando acciones que puedan ser interpretadas como privilegios o conflictos de interés.
Quisiera finalizar esta columna con una frase de un líder que admiro profundamente, Thomas Jefferson, fundador y tercer presidente de los Estados Unidos: “El futuro, al igual que la estabilidad, no es algo que se nos da; es algo que debemos construir”.
Hoy, más que nunca, esta reflexión cobra sentido. La democracia y la economía en Chile son como un tren que, si no se conduce con responsabilidad, puede descarrilar con facilidad. Por eso, debemos actuar con altura de miras, fortalecer nuestras instituciones y, por sobre todo, garantizar que el actual gobierno concluya su mandato con estabilidad y gobernabilidad.
Solo así podremos asegurar que la democracia no sea un privilegio pasajero, sino una base sólida sobre la cual seguir construyendo el futuro de nuestra nación.
